22 mayo, 2011

Informes y Resolución sobre los Servicios Profesionales y sus Aranceles emitidos por la “Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia”

por Contador Público (Uruguay) Darío Aurelio Abilleira Alvarez

Artchivos en PDF:

Informe 04_2011-9 de febrero del 2011

Informe 05_2011-2 de marzo del 2011

Informe 07_2011-10 de marzo del 2011

Resolucion No 49-011_10 de mayo del 2011

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22 mayo, 2011

19/05/2011 – La derogación de los Aranceles Profesionales no afectarán los Honorarios

por Contador Público (Uruguay) Darío Aurelio Abilleira Alvarez

Estudian derogar más aranceles pero profesionales no ven efecto
Competencia. Analizan a médicos, arquitectos y sicólogos entre otros

M. DOBAL / F. TISCORNIA

La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia investiga si otras profesiones deben derogar aranceles, tal como lo ordenó a abogados, escribanos y contadores. Profesionales sostienen que con esa eliminación los precios no cambiarán.

Es que debido a la numerosa cantidad de egresados de esas carreras, los profesionales creen que ya hay suficiente competencia por los clientes y los aranceles no siempre son tomados como referencia.

Fuentes de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia -un órgano desconcentrado del Ministerio de Economía- dijeron ayer a El País que el expediente por el que se determinó dar un plazo de 90 días a colegios y asociación de abogados, contadores y escribanos para derogar los aranceles “sigue abierto”.

Es que en el mismo hay una investigación “sobre varias profesiones como médicos, sicólogos, arquitectos“, entre otras que aplican aranceles, indicaron los informantes. “Tenemos que ver qué grado de obligatoriedad tienen los aranceles” en estas profesiones para ver si se ordena derogarlos, señalaron.

La decisión se tomó sobre el Colegio de Abogados (CAU), el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores (CCEAU) y la Asociación de Escribanos (AEU) porque “en estos casos encontramos más información para determinar una resolución”, explicaron.

En los argumentos que presentaron a la Comisión, el CAU y el CCEAU señalaron que sus aranceles no eran obligatorios y que nunca iniciaron una acción o resolución sancionatoria contra sus asociados por eventuales apartamientos del mismo.

En respuesta a ello, un informe técnico del órgano dijo que esa justificación no era de recibo porque en la norma del CCEAU se establece que “Los profesionales… deben ajustar el cobro de sus honorarios mínimos al monto que surja de la aplicación de lo establecido en el presente arancel…” y en la del CAU se indica que “Los abogados tienen la obligación de ajustar el cobro de sus honorarios a lo preceptuado en este Arancel. Sin embargo, por razones de delicadeza o cuando la situación del cliente así lo aconseje, a juicio del abogado, podrán ser rebajados y aun renunciados”. Además se establece una Comisión Permanente del Arancel que tiene como uno de sus cometidos “Velar por el estricto cumplimiento de lo establecido en este Arancel de Honorarios”.

PRECIOS. Pocos de los profesionales consultados por El País creen que la medida tenga efecto en los precios. “Existe un arancel como referencia, pero en un escenario donde existe tanta competencia por la cantidad de abogados que hay, al final los precios terminan siendo determinados por el libre juego de la oferta y la demanda. El sistema es prácticamente de competencia perfecta”, sostuvo el socio de Guyer & Regules, Juan Manuel Mercant.

En tanto, el abogado Marcel Perdigón del estudio Calderón, Bangueses y Asociados dijo que la derogación de aranceles “no va a afectar los precios de los honorarios profesionales”. Agregó que “no va a cambiar” lo que se cobra por un divorcio o una sucesión y señaló que casi ningún estudio aplica el arancel “a rajatabla”.

Por su parte, el abogado Daniel Semergian, dijo que el arancel no es oficial ni obligatorio, por lo que incide en los honorarios que sea eliminado. El profesional es representante de una agrupación de abogados que reclama el Ministerio de Trabajo la fijación de un salario mínimo, lo que creen que beneficiaría a los estudios pequeños o a aquellos que trabajan para el Estado.

El contador Roberto De Luca, socio de la consultora Deloitte, dijo que en su profesión hay “muchísima competencia”. “No visualizo áreas en las que el arancel sea un piso; se compite todos los días porque hay miles de colegas. No estamos en un mercado regulado”, opinó. La presidenta de la Asociación de Escribanos, Sara Castro, se mostró preocupada porque el arancel es la base para el aporte a la Caja Notarial y la Dirección General Impositiva.

De todas maneras, la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia autorizó un ficto a los escribanos para determinar el aporte a la caja.

Hay una investigación en supermercados

La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia tiene un “expediente abierto” por una supuesta presión de algunos supermercados en compras de alimentos congelados, dijeron a El País fuentes de ese órgano desconcentrado del Ministerio de Economía.

Es que el miércoles, al tomar conocimiento de la resolución que obliga a eliminar aranceles a abogados, escribanos y contadores el presidente del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores, Jorge Bergalli, dijo a El País que la medida “no tiene sentido, porque hay muchas otras áreas donde la Comisión de la Competencia podría investigar como son los frigoríficos o los supermercados donde sí hay actividades oligopólicas mucho más claras que las que puede haber dentro de los profesionales”.

Las fuentes señalaron que los planteados por Bergalli “no son temas ajenos a la Comisión. En tanto haya denuncias y elementos probatorios vamos a actuar”.

Los funcionarios recordaron que a raíz de declaraciones de dirigentes de la Federación Rural en 2009 se inició un estudio preparatorio sobre posibles prácticas oligopólicas de frigoríficos (como concertar precios) para determinar si se debía iniciar una investigación. El estudio “no fue concluyente en cuanto a prácticas anticompetitivas”, dijeron.

Mientras que en los supermercados está abierto ese expediente de lo cual las fuentes no pudieron dar más detalles por la reserva del caso.

“La Comisión está abierta a que quien tenga pruebas de prácticas anticompetitivas o una denuncia fundada la presente, garantizándole además si quiere el anonimato”, afirmaron los funcionarios.

http://www.elpais.com.uy/110519/pecono-567437/economia/estudian-derogar-mas-aranceles-pero-profesionales-no-ven-efecto/

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Más allá de si termina afectando o no los honorarios (que comparto lo que se dice que no lo afectará) reales; no tiene sentido que se diga que se toma esta decisión porque había información, y luego termina la nota solicitando que aquél que tenga pruebas de prácticas anticompetitivas las aporte siendo que quienes deben investigar esos casos es la Comisión; pero caemos en lo mismo de siempre: se controla lo que se ve y es fácil de controlar.

Hay prácticas anticompetitivas que incluso el mismo estado las promueve, como ser las Televisión por Cable; ofrecen los mismos servicios (salvo los canales de cada canal de televisión al que están relacionados), los mismos precios, la Revista es idéntica e incluso quienes realizan la instalación es una empresa que trae las revistas de los tres canales cables; etc.

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18 mayo, 2011

18/05/2011 – Colegios de profesionales deberán eliminar arancel en 90 días

por Contador Público (Uruguay) Darío Aurelio Abilleira Alvarez

Colegios de profesionales deberán eliminar arancel

Resolución. De Defensa de la Competencia será recurrida

A. OYHENARD / F. TISCORNIA

La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia determinó que los Colegios de Abogados, Escribanos y Contadores deberán derogar sus aranceles en un plazo máximo de 90 días. Algunos prevén recurrir la medida.

En una resolución de la Comisión -un órgano desconcentrado del Ministerio de Economía- divulgada ayer, se señala que “con el objetivo de establecer la plena vigencia del principio de libre competencia en los mercados de servicios profesionales”, se da “la instrucción obligatoria” al Colegio de Abogados (CAU), la Asociación de Escribanos (AEU) y al Colegio de Contadores, Economistas y Administradores (CCEAU), “de derogar, en un plazo máximo de 90 días, los aranceles profesionales resueltos por cada gremial, así como toda norma interna que se regule su existencia y su aplicación por parte de sus respectivos asociados”.

Lo que cobren esos profesionales deberá regirse “por el libre juego de la oferta y la demanda” dijeron a El País fuentes oficiales. Este caso venía siendo investigado de oficio por el órgano desde 2009.

Los profesionales anunciaron que recurrirán la decisión de la Comisión y cuestionaron la medida. El presidente del CCEAU, Jorge Bergalli, dijo a El País que “esta iniciativa no tiene sentido, porque hay muchas otras áreas donde la Comisión de la Competencia podría investigar como son los frigoríficos o los supermercados donde sí hay actividades oligopólicas mucho más claras que las que puede haber dentro de los profesionales”.

“Estamos esperando que nos notifiquen para luego presentar los recursos como corresponde”, anunció.

En la resolución, el órgano oficial argumentó que “la existencia de los referidos aranceles, en tanto tiene un cierto grado de obligatoriedad y establece precios únicos o mínimos para los servicios a prestarse, constituye a juicio de la Comisión una recomendación que tiene por objeto restringir, distorsionar o impedir la competencia”, prácticas prohibidas por la ley de Promoción y Defensa de la Competencia.

El integrante del CAU, Carlos Brandes, dijo a El País que “se recurrirá” la iniciativa. “La Comisión parte de una realidad que no existe. Los aranceles no son inamovibles y no son respetados por todos los integrantes del mercado”, rechazó.

El profesional recordó que en Uruguay no es obligatoria la colegialización de los abogados, por tanto, si bien se utiliza como una pauta para fijar los honorarios, esto “no obliga” a los mismos a utilizar esas tarifas. Asimismo, agregó que la norma del Colegio de Abogados le permite a un profesional apartarse de los aranceles por distintas circunstancias.

En los considerandos del dictamen, la Comisión indicó que ese argumento “no es aceptable”, porque “la tolerancia de una norma pública de las asociaciones profesionales con claro objeto anticompetitivo daría un mensaje erróneo a la sociedad acerca de la permisividad respecto a las prácticas limitativas de la competencia”.

Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados de Uruguay, Jorge Abramo, dijo que es incorrecto decir que no existe libre competencia en esta profesión porque hay distintas publicaciones gráficas y por Internet que ofrecen servicios a tarifas relativamente bajas como divorcios por $ 2.000.

CONSECUENCIAS. Según el titular del Colegio de Contadores, la eliminación de los aranceles para su actividad implicará un conflicto de magnitud para los profesionales que trabajan con la Justicia que deben contar con una referencia de tarifa para que los jueces fijen los honorarios.

Empero, la resolución de la Comisión indica que se podrán elaborar “escalas de honorarios profesionales con la única finalidad de aportar información al Poder Judicial pero sin mantener el carácter de guía para la fijación de precios en el ejercicio liberal de las profesiones”.

El órgano oficial aceptó “la sugerencia de la Caja Notarial de Seguridad Social de que “el aporte de los escribanos” a dicha caja “siguiera efectuándose a partir de un ficto pero sin que dicho ficto mantenga el carácter de arancel”.

Esos aportes serán del 18,5% sobre el arancel de 3% del valor de una escritura independientemente de la tarifa que puedan cobrarle al usuario.

Las cifras

1.720 Pesos, es el arancel mínimo que deben cobrar los economistas y contadores según el Colegio que los agrupa.

3% Sobre el valor base es el arancel que deben cobrar los escribanos por escrituras de bienes inmuebles. Varía en otras operaciones.

http://www.elpais.com.uy/110518/pecono-567229/economia/colegios-de-profesionales-deberan-eliminar-arancel/

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8 mayo, 2011

8/05/2010 – A igual cargo, igual salario

por Contador Público (Uruguay) Darío Aurelio Abilleira Alvarez

A igual cargo, igual salario

ASSE discutirá el laudo único, una propuesta del SMU

La propuesta del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) de que haya un laudo único nacional para los médicos está siendo considerada por las autoridades de ASSE. Hace al menos dos años que el SMU insiste con llevar adelante esa reforma, argumentando que será la solución definitiva a la inestabilidad del sistema.

El miércoles pasado, durante una reunión entre las gremiales médicas, ASSE y el Ministerio de Trabajo, se acordó que una vez que esté pronta la rendición de cuentas de 2010 del organismo descentralizado, se empezará a diseñar un cronograma para establecer un laudo único. Teniendo la rendición de cuentas será posible determinar cuánto dinero podría destinarse a implantar este sistema.

El laudo único implica que independientemente de que un médico trabaje en el sector público o en el privado, en Montevideo o en el interior, a igual cargo se tendrá igual remuneración e iguales condiciones de trabajo.

Julio Trostchansky, presidente del SMU, explicó a El País que implementar ese sistema lleva tiempo (“incluso un período de gobierno entero”) pero que “en algún momento hay que empezar” a hacerlo.

El cronograma, dijo Trostchansky, deberá darle prioridad a aquellas especialidades con más carencia de recursos humanos, empezando por la anestesia.

En una carta a los socios del sindicato, en la que Trostchansky hace un balance de su gestión -deja el cargo a fin de mes, por recambio electoral-, plantea: “Estamos convencidos que nos encontramos en un momento clave para conseguir nuestro objetivo. Son cada vez más las situaciones que avalan nuestro planteo y cada vez menos los argumentos que sostienen la desigualdad hoy existente”.

Asegura que la falta de un laudo único es una “fuerte debilidad del sistema de salud de Uruguay”, y agrega: “No es solamente un tema de dinero. Un laudo único significa trabajar en las mismas condiciones en todas las puntas del sistema y fomentar racionalmente la formación de los profesionales, atendiendo, además, dificultades de género que se expresan en la sociedad”.

Fuente: diario El País

http://www.elpais.com.uy/110508/pnacio-564989/sociedad/a-igual-cargo-igual-salario/

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Estimados, esta noticia es publicada en el diario del día de la fecha; y resulta confuso por lo menos que el propio Estado vaya a considerar la propuesta del SMU. Cada uno tiene derecho a defender sus derechos o solicitar lo que le parezca y los profesionales como gremio también; no estoy en contra de eso.

Pero a los Escribanos, Abogados y Contadores se nos está solicitando que se eliminen los Aranceles por considerarlos una barrera para la libre competencia. Aquí no estoy diciendo si es o no una barrera, no estoy defendiendo los Aranceles (no estoy analizando ese tema); sino que me parece contradictorio que si los Aranceles son una fuente de distorción del mercado, ¿tener un laudo idéntico tanto para el ámbito público como privado, eso no distorciona el mercado?. Da para pensar por lo menos un instante y me animo a decir que sí, que así es: que distorciona.

Y si es así, – que lo distorciona y se llegara a reconocer que así es – ¿Se entiende que por un lado soliciten la eliminación de los aranceles y por otro analicen la viabilidad de un Laudo Único?

Cr. Darío Abilleira

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1 mayo, 2011

30/04/2011 – Colegio de Abogados cuestiona a jueza por fallo polémico

por Contador Público (Uruguay) Darío Aurelio Abilleira Alvarez

http://www.elpais.com.uy/110430/pnacio-563336/nacional/colegio-de-abogados-cuestiona-a-jueza-por-fallo-polemico/

Colegio de Abogados cuestiona a jueza por fallo polémico

Mota. “Opuesta a los principios del Derecho”

El Colegio de Abogados del Uruguay (CAU) cuestionó a la jueza Mariana Mota por un polémico fallo en el que consideró “obsoleto” el principio de que nadie está obligado a declarar en su contra en un juicio penal.

La gremial, en una declaración divulgada en las últimas horas, señala que la afirmación de la magistrada es “opuesta a los principios” del Derecho en Uruguay y “descalificadora del principio de inocencia consagrado” en la Constitución.

La polémica en torno a la jueza se desató a principios de marzo, cuando se conoció públicamente su decisión de mantener el procesamiento con prisión del coronel (r) Carlos Calcagno, acusado por la desaparición de dos militantes del PVP en Paraguay en 1977.

En ese fallo, Mota opinó que el principio de que nadie está obligado a declarar en su contra es “obsoleto y profundamente injusto”. Agregó que “está hoy claramente derogado por la regla moral que preside el debate judicial” y por el deber de “veracidad” que prevé el Código General del Proceso.

Para Mota, el “arcaico” principio jurídico “implica una frontal transgresión al deber de cooperar con el oficio en la búsqueda de la verdad relevante de los hechos controvertidos, que es una concreta manifestación de los deberes de veracidad, lealtad, probidad y buena fe que presiden el debate judicial”.

Sin embargo, el CAU, en su declaración, sostiene que “contrariamente” a lo que dice la magistrada, el principio de no autoincriminación en investigaciones penales es una “parte fundamental del principio de inocencia”.

Por ese motivo, se trata de un criterio jurídico que “no es obsoleto de ningún modo y sigue constituyendo uno de los pilares de nuestro sistema de garantías de los derechos humanos”, añade la gremial de los abogados en el texto.

El CAU aclara que sus consideraciones son de tenor jurídico y que no implican un cuestionamiento personal contra la magistrada Mota.

Asimismo, el CAU exhorta a que “la aplicación de las nuevas teorías se haga cuidando con celo extremo las garantías y los derechos de todos los involucrados, por más repulsivas que puedan resultar las imputaciones que se les formulen”.

A mediados de marzo, a raíz de la divulgación de la resolución de la jueza Mota, el ex presidente Jorge Batlle y el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre alertaron que el criterio de la magistrada implica que “todos estamos bajo libertad condicional y debemos probar nuestra inocencia”, dijo Batlle.

Incluso, el ex presidente y ex vicepresidente tuvieron una reunión con el titular de la Suprema Corte de Justicia, Leslie Van Rompaey, a quien le plantearon su inquietud por el contenido de la resolución de la jueza Mota, pero la Corporación no encontró mérito para iniciar una investigación administrativa contra la magistrada.

PERRINI. La jueza Mota y la fiscal Ana María Tellechea se hicieron presentes el jueves en el departamento de Colonia, donde realizaron un inspección ocular en el Batallón de Infantería Nº 4, donde en 1974 falleció a causa de la tortura el preso político Aldo Perrini.

La denuncia fue presentada en noviembre de 2010 por los familiares del hombre fallecido, que fue detenido el 26 de febrero de 1974 y murió el 3 de marzo de ese mismo año.

Durante casi dos horas, la jueza Mota, la fiscal Tellechea, testigos y familiares de la víctima, recorrieron las instalaciones de la unidad militar. Funcionarios de Policía Técnica realizaron un relevamiento fotográfico del lugar.

Aldo Perrini, hijo del fallecido, dijo que la familia presentó la denuncia con el objetivo de saber qué ocurrió con su padre. “Los años pasan y uno quiere saber”, señaló.

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23 abril, 2011

29/06/2008 – Profesionales no son toda una garantía

por Contador Público (Uruguay) Darío Aurelio Abilleira Alvarez

Domingo 29.06.2008

Reclaman más controles
Profesionales no son toda una garantía
MSP no difunde cuando se suspende a un médico por inconducta, abogados son sancionados, en su mayoría, por “chicaneo“. Contadores no pueden suspenderse.

MIGUEL BARDESIO

Médicos o abogados falsos son el extremo de un fenómeno que preocupa a los especialistas porque usuarios no saben del nivel técnico y ético de los que ejercen. Piden creación de colegios.

Después de ejercer un año y medio, el médico falso GF cometió un error: fue a cargar nafta con un uniforme de una emergencia móvil, la cámara de la estación de servicio tomó su imagen y nadie de la empresa lo reconoció. Resultado: el joven de 20 años fue detenido y encarcelado en 2007 por usurpación de título. Ahora, recién liberado por gracia de la Suprema Corte, no recuerda cuántos pacientes atendió pero sí que nadie nunca le pidió un certificado de su condición de profesional, ni “colegas”, ni autoridades, ni usuarios. “Como médico, no cometí ningún error”, comenta.

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3 abril, 2011

Escribanos o Tentempié – publicado en el diario El País – firmado por AFP

por Contador Público (Uruguay) Darío Aurelio Abilleira Alvarez

Nuevamente los Contadores recibimos una nueva ofensa, por parte de un presunto profesional, presunto Escribano (que no se identifica) en que se nos quiere salpicar con una sombra de dudas, de si colegas que estaban en la DGI eran ineficientes y si con su actuar generaron un daño al Estado.

El fin de publicar la nota es dejarlo como otro ejemplo de que este tipo de trato y más entre profesionales; no deberían de ocurrir y una vez que ocurre, tendría que existir un procedimiento en que se pueda enmendar o rectificar lo dicho o realizar los descargos correspondientes.

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Mensajes
Pago del IRPF
Escribanos o tentempié  – 1/04/2011
A.F.P. | Montevideo

@| “Los escribanos somos como aquellos muñecos (tentempié) a los que se les pega de todos lados pero siempre se mantienen derechos.

El 28 de marzo de 2011 recibimos otro golpe, cuando nos tocó calcular y pagar el anticipo bimestral del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (Categoría II: Rentas del Trabajo-Independientes), aplicando las modificaciones introducidas por el artículo 808 de la Ley Nº 18.719 de 27 de diciembre de 2010.

Me tomé el trabajo de hacer el cálculo como lo hacíamos hasta diciembre de 2010 y como debemos hacerlo de ahora en adelante, para comparar las diferencias, con un universo de facturación pequeño ($ 3.000,00 por mes) hasta otro que ni por asomo llega a la `torta de guita` que le pagan al Señor Presidente de la República, tal cual él lo señaló cuando expresó su molestia al pobre funcionario de la Corte Electoral que intentó explicarle el motivo por el cual no podía votar.

Al que facturó aproximadamente $ 3.000,00 por mes, el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas le aumentó un ¡17%! y para aquel que llegó a facturar la tercera parte de la `torta de guita` del sueldo del Señor Presidente de la República, el aumento fue de ¡46,43%!

Cuando asumió como titular de la Dirección General Impositiva, el Cr. Pablo Ferreri dijo: `Nuestra DGI, tras la reforma del 2005, se ha convertido en ejemplo de eficiencia y ética` y destacó los cuatro pilares básicos que tendría su gestión, uno de ellos: `Simplificar y mejorar la atención a los contribuyentes que quieren cumplir sus obligaciones`.

Me gustaría que el Señor Director de la DGI tomara conciencia de que, a partir de la Ley mencionada, el Impuesto a la Renta se ha transformado en dos: uno, el común, el de las Personas Físicas y otro, el específico, a los escribanos. Basta con abrir el simulador desarrollado por los técnicos de esa Dirección, para que aparezca una advertencia a los vapuleados `tentempié`, donde se les advierte que: Los importes facturados correspondientes a los aportes a la Caja Notarial de Seguridad Social, deberán ingresarse en la celda `Total de otros ingresos computables Categoría II`; con esto se logra alcanzar esos fantásticos porcentajes de aumento que castigan solamente a los Escribanos y no a todos los profesionales.

No es ético, Cr. Ferreri, crear dos Impuestos a la Renta, uno para los escribanos y otro para los demás profesionales; tampoco fue muy eficiente que digamos la Dirección General Impositiva, porque desde 2005 hasta diciembre de 2010, antes de sufrir este brutal aumento del IRPF, los técnicos (me imagino que contadores) no se dieron cuenta que les estaban haciendo pagar de menos a los escribanos; ¿cuánto dejó de percibir por este concepto? Usando las palabras que el Señor Presidente de la República tuvo para con el pobre funcionario de la Corte Electoral el día de la elección del BPS: `Entonces estuvo funcionando pésimo` la DGI.

Por último, Cr. Ferreri, lo invito a sentarse desde las 9 y 30 hasta las 16 horas y comparta con los escribanos que quieren terminar con el trámite de pago del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales, uno de los pilares básicos de su gestión: `Simplificar y mejorar la atención a los contribuyentes que quieren cumplir sus obligaciones.`. Por ahora ese pilar es una piedra simbólica que ni siquiera asoma.”

http://www.elpais.com.uy/110401/pecos-557071/ecos/mensajes-/

3 abril, 2011

Protegido: ¿Qué hacer cuando una profesión recibe comentarios que la desprestigian, y además si esos provienen de otros profesionales?

por Contador Público (Uruguay) Darío Aurelio Abilleira Alvarez

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1 abril, 2011

30/03/2011 – Decreto 106/011 – Reglamentación de la primera elección de autoridades del Colegio Médico del Uruguay

por Contador Público (Uruguay) Darío Aurelio Abilleira Alvarez

Se adjunta archivo en pdf:

Decreto 106_2011_Aprobación del Reglamento primera elección Colegio Médico

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22 marzo, 2011

21/03/2011 – Contadores no acatarán una eliminación de sus aranceles – diario Ultimas Noticias – Uruguay

por Contador Público (Uruguay) Darío Aurelio Abilleira Alvarez

Profesionales impugnan proyecto de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia
Contadores no acatarán una eliminación de sus aranceles

Los contadores seguirán cobrando los aranceles para su profesión, aunque la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia apruebe el proyecto que exige eliminarlos. Abogados y escribanos también impugnaron la resolución.

Los contadores impugnaron el proyecto de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (Cpcd) que instruye a los profesionales a derogar los aranceles de su tarea impuestos por cada gremial. Por esto, anunciaron que, si el proyecto no es modificado por el organismo estatal, no cumplirán con la resolución y continuarán cobrando los aranceles.Los profesionales pretenden que no se apruebe la norma por ser “absolutamente tergiversada de la realidad” y por no aportar “nada” al desarrollo liberal de la profesión sino que genera “inseguridad” a quienes contratan los servicios, según dijo a Ultimas Noticias el presidente del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, Jorge Bergalli.

En caso de ser aprobada la resolución, los contadores anticiparon que no será acatada y continuarán cobrando los aranceles. “Es una resolución que en la medida que no tenga rango legal, formalmente, no tiene fuerza ninguna en el sentido que obligue a cumplirla”, afirmó Bergalli. Agregó que la Cpdc es un organismo “de corte menor”.

La Cpdc envío a los colegios de contadores, abogados y escribanos, en octubre del año pasado, un proyecto en el que se planteó instruir obligatoriamente la derogación de los aranceles profesionales resueltos por cada gremial. El proyecto también fue impugnado por el Colegio de Abogados del Uruguay y por la Asociación de Escribanos del Uruguay. Los profesionales entienden que, a pesar de la existencia de aranceles, existe la competencia en el mercado. Fuentes allegadas al directorio de la Cpdc confiaron a Ultimas Noticias que, debido a las impugnaciones de las partes, la comisión está realizando la adaptación del proyecto inicial. Las adaptaciones son “técnicas” y refieren a la “condición abusiva” en la fijación de los precios de los aranceles. La fijación o no de este término técnico puede incidir en la interpretación del proyecto para determinar si corresponde o no la fijación de los aranceles, según explicaron las fuentes.

El directorio del organismo estatal, que depende del Ministerio de Economía y Finanzas, no niega que exista competencia en los distintos rubros pero entiende que el arancel “es un elemento que conspira contra la competencia”. “Es un elemento que tiene por objeto limitar la competencia”, aseguró una de las fuentes.

Desde el directorio creen que de adoptarse la resolución, “va a crear un precedente muy importante” y, al saber que la resolución será resistida, quieren que el texto sea “sólido” para que no sea impugnado ante organismos estatales de jerarquía superior.

El Colegio de Abogados del Uruguay (CAU) sostuvo que el proyecto “ignora” la función de la abogacía y “omite” un análisis “adecuado” del mercado ya que el informe en el que se sostiene la disposición no “constata” la realidad. Los juristas sostuvieron que existe competencia en el mercado y exigieron que los aranceles se mantengan como una “guía” para determinar los servicios prestados por los abogados, según un artículo de la publicación oficial del CAU.

Por su parte, los contadores, economistas y administradores plantearon en la impugnación que el proyecto de eliminar los aranceles profesionales viola la libertad de trabajo al no dejar fijar las remuneraciones. Bergalli advirtió que este tipo de medidas “molestan” porque “afecta” la seguridad jurídica y “modifica las reglas de juego”.

Salud

La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (Cpdc) cómo se desarrolla el sector de los profesionales de la salud, sobre todo médicos, odontólogos y psicólogos, según confiaron a Ultimas Noticias fuentes allegadas al directorio del organismo. La Cpdc está recabando información sobre el modo en que funciona la competencia en este rubro. Los informes son elaborados por un grupo de técnicos que determinan el nivel en que los aranceles de determinados profesionales pueden afectar a la competencia entre los trabajadores.

   Lunes 21 de Marzo del 2011    
15 marzo, 2011

27/08/1999 – Ley 17154 – Ejercicio de la Profesión de Psicólogo en Uruguay

por Contador Público (Uruguay) Darío Aurelio Abilleira Alvarez

Publicada D.O. 27 ago/999 – Nº 25344

Ley Nº 17.154

DICTANSE NORMAS RELATIVAS AL EJERCICIO DE LA PROFESION
DE PSICOLOGO

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN:


CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- El ejercicio de la profesión de psicólogo, en todo el territorio de la República, quedará sujeto a las disposiciones de la presente ley.

CAPITULO II

CONDICIONES PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESION

Artículo 2º.- Para poder ejercer la profesión de psicólogo en el territorio de la República es exigible:

A)

Título de licenciado en psicología o equivalente, otorgado por la Universidad de la República u otras universidades o institutos universitarios habilitados por el Estado.

B)

Título de licenciado en psicología o equivalente, otorgado por universidades extranjeras, revalidado por la autoridad competente.

Artículo 3º.- Los profesionales de la psicología que, al momento de entrada en vigencia de la presente ley, tengan competencia notoria y título diferente, y no cumplan con los requisitos exigidos en el artículo 2º, podrán solicitar la habilitación de su título para el ejercicio de la profesión ante la Comisión Especial que se crea en el artículo siguiente. Para ello, los interesados dispondrán de ciento ochenta días a partir de que el Poder Ejecutivo reglamente la presente ley.

Artículo 4º.- Créase una Comisión Especial integrada por un representante del Ministerio de Educación y Cultura, uno de la Universidad de la República y uno de la Universidad Católica del Uruguay “Dámaso Antonio Larrañaga”, que tendrá por cometido resolver sobre las solicitudes de habilitación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3º de la presente ley.

Las resoluciones serán individuales y fundadas de acuerdo con los requisitos que establezca la propia Comisión Especial. Corresponderá los recursos administrativos de revocación y jerárquico ante el Poder Ejecutivo.

La Comisión Especial dispondrá de ciento ochenta días para expedirse una vez presentada la solicitud correspondiente.

Artículo 5º.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3º de la presente ley, los profesionales de la psicología allí referidos podrán solicitar el reconocimiento total o parcial de sus estudios en la Universidad de la República u otras universidades o institutos universitarios habilitados por el Estado.

CAPITULO III

DEL EJERCICIO DE LA PROFESION

Artículo 6º.- Todo profesional de la psicología deberá registrar su título o resolución habilitante firme de la Comisión Especial en el Ministerio de Salud Pública.

Artículo 7º.- Los profesionales referidos en el artículo 3º de la presente ley, que hayan solicitado la habilitación de su título en las condiciones establecidas en la citada disposición, podrán ejercer su profesión hasta tanto no exista una resolución firme de la Comisión Especial creada por el artículo 4º de la presente ley.

CAPITULO IV

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 8º.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de ciento ochenta días a contar de la fecha de su promulgación.

    Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 10 de agosto de 1999.

HUGO FERNANDEZ FAINGOLD,
Presidente.
Mario Farachio,
Secretario.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA
 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
  MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Montevideo, 17 de agosto de 1999.

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional de Leyes y Decretos.

SANGUINETTI.
YAMANDU FAU.
ANA LIA PIÑEYRUA.
RAUL BUSTOS.

15 marzo, 2011

05/02/2008 – Marinos Mercantes uruguayos, reclaman ser incorporados en Ley de Colegiación

por Contador Público (Uruguay) Darío Aurelio Abilleira Alvarez

Marinos mercantes reclaman ser incorporados en ley de colegiación

Marina civil. Dicen que el país podría tener más profesionales navegando

ALEJANDRO MENDIETA

El Colegio de Profesionales de la Marina Mercante viene realizando gestiones ante las autoridades para que se genere en el país una política de Estado que permita el desarrollo y producción del sector náutico, además de un fortalecimiento educativo.

La institución, creada en junio de 2007, entiende que no se está aprovechando un rubro comercial que genera riquezas para el país, dijo el licenciado e ingeniero en Marina Mercante, Reinaldo Ramos, integrante del CPMM.

“Buscamos que la clase política entienda la importancia de tener una política de Estado para esto”, afirmó Ramos a El País. Uno de los puntos sobre los que más énfasis hacen es en la necesidad de ser incorporados al proyecto de ley de colegiaciones, el cual está a estudio del Parlamento.

El colegiarnos permitirá agilizar notoriamente los trámites a los que hoy está sujeto un egresado que viaja al exterior para navegar”, explicó por su parte el presidente del CPMM, licenciado Roberto García Taddey.

“Los países que tienen Colegios avalados por ley se manejan entre sí con sus matrículas. Nosotros tenemos que revalidar nuestros títulos y confirmarlos vía diplomática, causando larguísimos trámites para el funcionario”, agregó.

El instituto busca además mejorar la enseñanza con pos grados, “algo que en Uruguay no existe”, dijo García Taddey.

Esta capacitación permitiría a los profesionales uruguayos manejarse mejor en un mercado que a nivel mundial está muy desarrollado y globalizado, además de tener una “feroz competencia”, explicó Ramos.

INGRESOS. Hoy en día, la mayoría de los barcos navegan bajo las llamadas “banderas de conveniencia”, que beneficia a la embarcación con un bajo costo de impuestos. “Filipinas tiene cerca de 250.000 personas navegando en esos barcos. Y son millones de dólares que ingresan al país libres de todo”, afirmó Ramos.

La lucha por una mejor profesión es para que los profesionales uruguayos puedan acceder cada vez a más puestos en esos barcos y tengan mayor facilidad en lo que refiere a validación de títulos obtenidos.

“Nosotros tenemos la gran ventaja que el marino mercante uruguayo vuelca en Uruguay el dinero que gana”, explicó Ramos. Comparó esta situación con los extranjeros que viven en EE.UU. y envían el dinero, generando entradas de decenas de millones de dólares.

“Nosotros invertimos en la educación y en la formación del marino, pero eso tiene retorno. Tenemos que hacer como los rusos, los ucranianos o los croatas, que tienen miles de personas en alta mar generando fuertes ingresos a sus respectivos países”, sentenció el licenciado marítimo.

Para García, el tema va más allá. “Visto de forma simple, esos marinos que se van igual es dinero que entra, pero de todas formas estamos perdiendo dinero”, explicó. Y esto ocurre por otros de los puntos que encierra esta política que buscan: la creación de una mejor flota de marina mercante.

ULTRAMAR. “Hace muchos años Uruguay tenía unos 8 o 10 buques de ultramar de gran porte (unos 150 metros de largo). Pero por distintas razones fueron desapareciendo”, dijo Ramos.

García agregó que al no tener Uruguay esos barcos se pierden ingresos que se sumarían al dinero que aportan los sueldos de los marinos.

Y estos se generarían por ejemplo con la industria que rodea a la marina mercante, que hoy día depende de zafras o de cuando un barco llega a puertos uruguayos. “Pero estos barcos extranjeros tienen sus sistemas de reparación en otros países al igual que su aprovisionamiento”. Si se generara nuevamente esta flota, los profesionales no tendrían que navegar en barcos extranjeros, lo cual es una posibilidad laboral muy buena, pero que sería mejor si lo hicieran un buques con bandera uruguaya.

“La mejor época de la marina mercante uruguaya fue en la década del 70, cuando Uruguay tenía sus propios barcos, privados y estatales, y movilizaba todo un mercado que no está dirigido al marino que se embarca”, informó Taddey.

La Marina Mercante uruguaya actual tiene barcos llamados de cabotaje, es decir costeros, de pequeño tamaño que llevan mercaderías a otros puertos cercanos. “Son los que provisionan a los grandes barcos extranjeros”, explicó Ramos. “Por eso la necesidad de una política estatal concreta y firme, que ayude a la expansión del sector en el tema transporte, construcción naval, que en Uruguay supo tener su empuje”, finalizó Ramos.

GASTOS. El vicepresidente del CPMM, licenciado e ingeniero Jorge Deutsch, dijo que se debe recuperar esa flota a través de empresas estatales y privadas. “Estamos diciendo que no hay una marina de ultramar, con bandera uruguaya, y que nos deja marginados de países del Mercosur y ni que hablar de los europeos”.

García ejemplificó esta situación con el costo de los fletes que el Estado paga para el transporte de petróleo. “Las autoridades de Ancap dicen que por año pagamos U$S 1.200 millones en importación del combustible. ¿Y sabe cuánto se paga por los fletes? Un 8% del valor total.

Es decir que más de U$S 90 millones por año le cuesta al ciudadano llenar el tanque de su auto. Con ese dinero, Ancap podría comprar un barco y medio por año para realizar ese trabajo”, finalizó.

Recuerdo de otra época

Hoy hay unos 400 oficiales marinos mercantes uruguayos en actividad, y unos 1.600 entre personal subalterno. En la época de oro de la marina mercante, el sector en forma directa empleó a unas 2.500 personas con 20 barcos de ultramar. “Eso a su vez generaba una mano de obra indirecta estimada en aquel entonces de cinco o seis puestos laborales por cada marino”, dijo García. Y remarcó que en aquellos años no se vivía el boom que el comercio marítimo ostenta hoy en todo el mundo.

“Es necesario que se cubra la marina con personal idóneo”

El reconocimiento interno de la profesión es otro tema sobre el cual trabaja el Colegio de Profesionales de la Marina Mercante. “Nuestra profesión está totalmente manejada por personas ajenas a la profesión”, afirmó el presidente del CPMM, Roberto García Taddey.

“Es necesario que se cubra con personal idóneo a la materia y no como ahora que cualquier mete la mano”, agregó.

Los tres profesionales entrevistados coinciden en que en Uruguay se ha generado la creencia popular de que un marino civil y uno militar es lo mismo. “Entonces tenemos a un capitán de prefectura o capitán de la Armada en un área netamente comercial, sin haber tenido la experiencia en este tema”, afirmó García.

“Es como si a un director de la Policía de Tránsito se lo colocara como director de Transporte en el Ministerio de Transporte, simplemente porque ha trabajado muchos años en rutas, cuando son dos actividades completamente distintas. Lo mismo nos pasa a nosotros”, sentenció.

El CPMM entiende que la marina mercante nunca se desarrolló como lo ha hecho en el resto del mundo porque no hay profesionales del sector en los lugares donde se toman las decisiones.

“La marina mercante siempre fue un sector de la Armada, por eso es necesaria la separación. La expresión común que escuchamos es que en Uruguay no hay vocación marítima, lo cual es una gran mentira. Lo que sí no existe es una vocación naviera de los gobiernos”, afirmó el presidente de la institución, Roberto García.

http://www.elpais.com.uy/08/02/05/pnacio_328258.asp

15 marzo, 2011

13/05/2003 – Estudian 500 casos de Psicólogos sin Título Universitario

por Contador Público (Uruguay) Darío Aurelio Abilleira Alvarez

MEDIDAS | Quienes no acrediten los requisitos profesionales impuestos por la ley no podrán seguir ejerciendo la actividad en el país

Estudian 500 casos de psicólogos sin título universitario

Muchos de esos técnicos carecen de título profesional pero igualmente trabajan en dependencias estatales

Una comisión instalada por el gobierno estudia los casos de 500 técnicos que están ejerciendo la psicología pero no tienen estudios universitarios. Los integrantes de esa comisión analizan su formación y capacidad y determinarán que quienes no acrediten esos requisitos no podrán seguir ejerciendo.

La representante de la Universidad de la República en esa comisión y presidenta de la Sociedad de Psicología del Uruguay, Elida Tuana, dijo a El País que muchos de esos técnicos carecen de título profesional pero trabajan en dependencias estatales como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y el Banco de Previsión Social.

La comisión comenzó a funcionar en momentos en que ha quedado en tela de juicio el trabajo de algunos psicólogos que presentaron a diversos jueces informes falsos que desencadenaron en denuncias de abuso sexual y separación de padres con sus hijos.

El grupo está integrado por un representante de la Universidad de la República, uno de la Universidad Católica y uno del Ministerio de Educación y Cultura, encargado de asegurar que todos las personas que ejerzan la psicología tengan el título universitario. Así lo dispuso la ley 17.154 que obligó a quienes no lo tengan demostrar competencia notoria y solicitar habilitación.

Esa comisión se instaló en abril y tiene 180 días para expedirse sobre los más de 500 casos.

Tuana, afirmó que algunos de los que se presentaron “tienen nivel de estudios terciarios y otros, menos que terciarios, porque hay academias que aceptan alumnos con cuarto año de secundaria y además con materias previas”. Agregó que la comisión no pretende quitarle el trabajo a estas personas pero sólo va a habilitar a quienes demuestren hacer un trabajo serio “porque está en juego la defensa de niños, adolescentes, adultos, personas normales y personas con problemas psicólógicos”.

“El trabajo del psicólogo es un trabajo profesional que tiene un respaldo de instrumentos y de formación que le permite a quien lo consulta saber que es confiable y válido, por lo tanto la gente que alude haber trabajado en consultorio privado presenta un problema para la habilitación del título”, explicó.

También señaló que hay personas que habiendo hecho estos cursos fueron contratadas por instituciones oficiales y privadas. Planteó que las personas que la comisión rechace y trabajan en el Ministerio del Interior o en las Fuerzas Armadas, BPS, no podrán seguir trabajando allí.

ETICA. La presidenta de Sociedad de Psicología explicó que tanto la sociedad que dirige como la Coordinadora de Psicólogos, —que tambien reúne a profesionales de esa disciplina—, trabajan con un Código de Etica y desde el año 1995, están bregando por la colegiación.

Tuana explicó que preocupa especialmente a los psicólogos que el Mercosur, con la libre circulación de profesionales traiga aparejado la radicación en Uruguay de profesionales argentinos con problemas éticos.

No obstante explicó que no logran acuerdos para la colegiación por lo cual es difícil que se apruebe.

Aplicar técnicas objetivas

La presidenta de la Sociedad de Psicología del Uruguay, Elida Tuana explicó a El País que los psicólogos cuentan con “diversas técnicas objetivas que permiten averiguar o por lo menos intuir las causas de problemas que presenten los niños”, aseguró que siempre será necesario entrevistar a los padres del niño aunque el problema apunte contra ellos y que el procedimiento de estudio deberá extenderse el tiempo que sea necesario hasta tener la convicción de las causas del problema.

Consultada sobre la situación de un grupo de padres que denunció ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes haber sido víctimas de abusos del sistema judicial debido, entre otras cosas, a denuncias falsas apoyadas por informes de psicólogos, Tuana dijo desconocer esa situación de la que prefirió no opinar, pero sí explicó el procedimiento básico que debe tener un profesional que trata con menores.

Tuana dijo que es fundamental para obtener un diagnóstico confiable entrevistar al niño, pero también a sus padres, maestros y a todo el entorno del menor. En caso de que exista una denuncia contra uno de los padres o contra ambos también deberán ser entrevistados para “tener la certeza de que esa denuncia es confiable o no y formarse un diagnóstico lo más objetivo posible”.

La profesional aseguró además que ese diagnóstico serio no se consigue ni en tres ni en cuatro entrevistas, ni sólo sobre la base de entrevistas, sino que hará falta poner en práctica varios procedimientos.

http://www.elpais.com.uy/03/05/13/pnacio_40789.asp

13 marzo, 2011

Ingenieros Agrónomos habilitados por el Ministerio de Educación y Cultura, serán responsables por los Planes de Uso y Manejo del Suelo

por Contador Público (Uruguay) Darío Aurelio Abilleira Alvarez

Terra nostra

Artículo del diario La Diaria, del día: 9/2/2011, de Ricardo Delgado
Link: http://ladiaria.com/articulo/2011/2/terra-nostra/
 

Empresas agrícolas deberán presentar planes de rotación para conservación del suelo.

Para evitar perjuicios por el uso intensivo del suelo, las empresas del rubro agrícola deberán presentar ante la Dirección de Recursos Naturales Renovables del Ministerio de Ganadería sus respectivos “planes de uso y manejo del suelo”; es decir, programas de rotación para evitar erosionar la tierra por encima de un nivel a determinar de tolerancia. La directora de la repartición, Mariana Hill, informó que además de los productores, también serán responsables de los planes los ingenieros agrónomos que los aprueben y, en casos de arrendamiento, los propietarios de los predios. Ahora se ejecuta el plan piloto y en 2012 el régimen se hará obligatorio para todas las empresas.

La agricultura atraviesa por una importante explosión generada por una fuerte demanda internacional que ha impulsado al alza los precios de los productos. Así, las exportaciones de granos consiguieron en 2010 algo que hasta hace poco parecía imposible: superar las ventas de carne que realiza el país. Otra evidencia del boom de la actividad es el fuerte incremento registrado por las importaciones de fertilizantes y agroquímicos.

Este crecimiento viene de la mano de una producción que se cuadruplicó en los últimos cinco años y una productividad que se duplicó en el lapso. Pero este tipo de desarrollo conlleva importantes desafíos asociados a la conservación del suelo, ya que su uso de forma intensiva por las empresas del sector erosiona peligrosamente las tierras aptas para el cultivo, lo que preocupa al gobierno encabezado por el presidente José Mujica.

A este problema se suman los inconvenientes derivados del cambio climático, que auguran una intensificación en la variabilidad climática del país, que a su vez “aumenta la vulnerabilidad de los agroecosistemas”.

Precisamente, Hill disertó ayer en la Cámara Mercantil en torno a Planes de uso y manejo del suelo: objetivos, estrategia y plazos: se trata de declaraciones juradas con las que las empresas agrícolas deberán establecer el tipo de rotación que hará su suelo, que no podrá superar determinado grado de erosión.

Explicó que la administración apunta, por un lado, a mejorar la información que se brinda a los productores para la toma de decisiones “como forma de generar conciencia” y que, al mismo tiempo, el gobierno pueda adoptar las mejores políticas de Estado.

“No le queremos poner un techo a este crecimiento que está teniendo el país porque es un crecimiento que tironea a todo el país [...] Pero si se da sobre un recurso y se espera que continúe, hay que buscar los cuidados necesarios”, valoró.

Con los pies en la tierra

Los planes de uso y manejo del suelo son objeto actualmente de la aplicación de un plan piloto, con el que se espera recibir aportes de los sectores científico, productivo y profesional, como forma de lograr una “construcción colectiva”.

Hill subrayó la importancia que tendrán los ingenieros agrónomos en el proceso, ya que les tocará asumir el compromiso por los planes. “Lo que va a indicar que el plan está bien hecho es la firma de un ingeniero agrónomo habilitado por el Ministerio de Educación y Cultura, mediante una declaración jurada”, detalló. Afirmó, además, que “la firma del ingeniero agrónomo habilitado va a ser garantía suficiente de que la propuesta está bien hecha”.

El plan deberá contener una cartografía del suelo, establecer la capacidad de uso de las diferentes unidades y fijar un programa de rotación de cultivos, que no podrá superar determinado grado de erosión a definirse.

Por otra parte, en caso de arrendamientos “también habrá un compromiso del propietario del terreno”, ya que los alquileres de predios son “una modalidad de creciente utilización” en el sector. “Nos parece muy importante comunicarnos con la persona dueña de la tierra para comunicar esta nueva normativa, para comunicar los planes de uso, cómo va a ser todo esto, que es muy nuevo para el sector”, indicó Hill.

Aunque el plan piloto se está realizando con declaraciones juradas en soporte papel, cuando se generalice a todas las empresas el proceso se podrá realizar vía web.

Se estima que esta primera fase de prueba estará concluida en octubre, cuando se elabore el instructivo definitivo, planeándose ingresar a la segunda fase en 2012, que abarcará a todas las empresas aunque “no al 100% del área” explotada. “Por ejemplo, una empresa que tiene producciones en Cerro Largo, Soriano y Durazno presentará un plan de cada lugar”, graficó.

Los planes de uso y manejo de suelo no tienen plazo de caducidad siempre que se mantenga la rotación establecida en el programa. Si hay cambios, se deben modificar vía web y deberán cumplir con el grado de erosión tolerable.

En materia de fiscalización, sostuvo que se busca “cambiar el foco”. “No vamos a fiscalizar sobre el campo, como ahora: lo que se va a fiscalizar es el cumplimiento de los planes, que tiene como objetivo evitar la erosión”, dijo.

Aseguró que el control se hará “en conjunto” con los privados para verificar, en caso de falta, a qué se debió el incumplimiento. “Si fue algo estrictamente económico no se va a tener en cuenta, pero sí se podrá flexibilizar en caso, por ejemplo, de cuestiones climáticas”, añadió. Por último, Hill adelantó que “se está pensando” en extender la presentación de planes de suelo a otros sectores, como el ganadero o lechero, pero que ello será en una etapa posterior.

Ricardo Delgado
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25 febrero, 2011

11/06/2007 – ¿Deben existir los Sindicatos de Profesionales y la Colegiación? – Artículo publicado por Crónicas Económicas – Entrevista al Dr. Toledo

por Contador Público (Uruguay) Darío Aurelio Abilleira Alvarez

Este artículo se publica porque hay una pregunta de la entrevista en que se plantea si debe existir el Sindicato de Médicos si se fuese a una Colegiación; y el Dr. Toledo responde que deben existir las DOS.

Eso que dice el Dr. Toledo pienso que debería ser válido para todas las profesiones y de allí su publicación en este espacio.

El resto de la entrevista se publica sólo por darle “integridad” a la nota, no se busca con ello ningún interés secundario ni mensaje político.

Cr. Darío Abilleira

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ALFREDO TOLEDO

Tabaré Vázquez fue un aliado nuestro durante estos dos años y esperamos que lo siga siendo

| 11.06.2007 07:00

Por Gerardo Tagliaferro     

http://www.cronicas.com.uy/HNoticia_12275.html

1) ¿Usted es un hombre de derecha?

No, creo que no. Somos de la generación que en el 71 se plegó a una fuerte militancia con Wilson, en un partido que era muy ortodoxo, como el Partido Nacional. Yo tenía 17 años y encontré allí un movimiento progresista, diferente, revolucionario, que hacía propuestas de avanzada. Me cuesta mucho dividir a la gente entre derecha e izquierda. Sigo siendo una persona progresista.

2) ¿Está vinculado al Herrerismo?

Estuve vinculado al Herrerismo y pertenezco al Instituto Manuel Oribe como técnico. En este momento soy un votante independiente del Partido Nacional. Muerto Wilson me uní al grupo de Martín Sturla y ahí empecé dentro del Herrerismo.

3) ¿Tiene actividad política partidaria hoy?

No, en la última elección tuve una fuerte participación y después nada más.

4) ¿Cómo se define ideológicamente?

Creo que soy una persona liberal, con ideas progresistas. Pero por sobre todo liberal. Soy un librepensador.

5) ¿Hay un apoyo formal, concreto, de los partidos tradicionales a la Unión Gremial Médica?

No, no. Nunca se busca tampoco un apoyo de ese tipo. Tenemos sintonía con varios partidos. Dentro de la Unión Gremial Médica, uno encuentra gente de diferentes tendencias políticas y por eso es atractiva.

6) ¿Hay gente de izquierda también?

Hay gente de izquierda. Tenemos votantes del Frente Amplio y de las agrupaciones que conforman la Unión Gremial Médica hay muchas, como la lista Castells, por ejemplo, que están muy, pero muy lejos de la derecha. Son gente de pensamiento muy progresista.

7) ¿Va a cambiar mucho el Sindicato Médico a partir de este triunfo de su agrupación y del desplazamiento, por primera vez, de las agrupaciones claramente identificadas con la izquierda?

Nosotros no queremos darle un gran cambio, porque dos años son poco tiempo y cuando uno busca grandes cambios en tan poco tiempo el producto final termina siendo muy malo. Creo que por algo llegamos a donde llegamos y no debemos apurarnos. Este es el final de una etapa para la Unión Gremial Médica y lo que tenemos que hacer es seguir trabajando en comunión con todos los demás grupos, poner nuestros matices pero también ser una oposición muy responsable. No importa el gobierno que esté. A nosotros nadie nos puede decir que porque estaba el partido A o el B no fuimos todo lo agresivos que debimos ser. Estuvimos en primera línea defendiendo nuestras reivindicaciones con gobiernos de diferentes colores. Y tampoco nos duelen prendas al decir que vamos a acompañar toda buena propuesta, provenga de donde provenga.

8 ) Además, de acuerdo a cómo quedó conformado el Comité Ejecutivo, ustedes son apenas la minoría mayor.

Sí. Acá se conforma un colectivo y en él uno tiene que buscar, no un consenso porque eso es prácticamente imposible, pero sí una mayoría interesante que en los grandes temas permita saber hacia dónde vamos. Y que el debate se dé en los pequeños temas o en los que van apareciendo ocasionalmente. Hoy tenemos cuatro representantes en diez médicos que integran el Comité Ejecutivo del SMU y cuatro de once en el Casmu.

9) ¿Qué cambios se propone impulsar? Acá, antes de las elecciones, se habló mucho de los cambios estatutarios. Tenemos un estatuto rígido, viejo. Hoy es el momento para trabajar sobre él. Conformaremos un equipo, buscaremos los técnicos más capaces para que lo modernicen, pero simultáneamente tenemos que gestionar y administrar. Son dos años nada más. Ojalá podamos tirar las primeras líneas para un cambio de estatuto, de un cambio de pensamiento dentro del gremio. Este es un gremio que tal vez sea diferente a los demás, porque tiene dependientes y asalariados, y en algunos casos también hay médicos que han asumido el rol de patrones, de empresarios.

10) El ex presidente del SMU, Marcos Carámbula, dijo en esta sección cuando presidía la institución, que una característica que la diferenciaba de otras agremiaciones profesionales era que nunca había perdido su condición de sindicato, y que la misma se debía mantener. ¿Está de acuerdo?

Todo lo que flexibilice o dinamice el movimiento de un sindicato nos parece bien. El tiempo corre, las situaciones van variando, y si no nos movemos al compás de esos movimientos nos pasan cosas como las que le han pasado a este sindicato. Hoy tenemos un Sindicato Médico y tenemos un gremio como es la Mesa de Anestésico Quirúrgicos, por ejemplo. Esa fue una situación que no la supimos gestionar, veíamos que se estaba produciendo y a veces nos encerramos en nuestra idea de sindicato y no nos dimos cuenta del cambio de las situaciones. A eso apuntamos cuando decimos que tenemos que ser mucho más liberales en el pensamiento.

11) Si de usted dependiera, ¿impulsaría un tránsito hacia una forma organizativa más del tipo colegio profesional?

No. Tienen que funcionar los dos. Tiene que existir un sindicato que defienda las reivindicaciones de los médicos y un colegio. El colegio es fundamental. Ya por suerte sabemos que hay una ley de colegiación en el Parlamento. Son dos cosas distintas y tenemos que impulsar las dos. Con la formación del colegio nos quitaríamos algunas cosas de encima que corresponden más a un colegio que a un sindicato. El colegio es el lugar donde el médico permanentemente tiene que acreditar su título. No lo podemos hacer nosotros y no lo hace el Ministerio (de Salud Pública). La seguridad de que los médicos están capacitados -porque acredita cada tanto tiempo su título con trabajos, investigaciones, asistencia a congresos- la da el colegio.

12) ¿Tendría que haber otra institución, independiente del Sindicato Médico?

Tendría que haber otra institución, habría que ver cómo se vincula con el Sindicato. Podrían tener alguna representatividad común, pero las veo como dos cosas separadas.

13) ¿Cómo es la relación con los integrantes de las otras listas, especialmente la Fosalba que desde hace más de cuarenta años dirigía al SMU?

Es buena, con todos ellos hemos trabajado en alguna oportunidad. La lista Fosalba tuvo también una buena votación, no hubo un voto castigo a una gestión.

14) ¿Es casualidad que se haya dado este cambio histórico en el SMU, justo cuando hay un gobierno de izquierda y está por implementarse una reforma de la salud?

Creo que no, que no es casualidad. No tanto por la reforma, sino por algunos procedimientos que nacen del Ministerio de Salud Pública. Nosotros pusimos mucho énfasis y tal vez eso haya llegado- en lo que es la defensa de los médicos uruguayos y la medicina nacional. Eso es independiente de la reforma, algunos eventos que se produjeron en el país y no nos dejaron contentos. Y eso lo hicimos saber con mucha firmeza.

15) ¿Puede hablarse de un voto castigo de los médicos al gobierno, a través de las internas del SMU, habida cuenta que no sólo perdió la principal lista de izquierda sino que otra, Convocatoria, más identificada aún con la línea oficial, no obtuvo ningún cargo?

Y sí. Nosotros con Convocatoria tuvimos diferencias importantes. Ellos proponían la intervención del Casmu y nosotros somos en principio no intervencionistas. Proponían limitaciones salariales y nosotros no estamos tampoco de acuerdo en eso. También que los integrantes de la Junta Directiva del Casmu no tuvieran remuneración y nosotros creemos que la empresa más grande del país en materia de salud no puede estar dirigida por un cuerpo honorario.

16) ¿Qué cambios van a verse en el Casmu?

Vamos a continuar con la línea de los últimos seis meses que permitió el equilibrio operativo del Casmu. Vamos a promover la unión, en un emprendimiento conjunto, de los funcionarios técnicos y no técnicos y eso trasladárselo a la Junta para que tome las medidas que requiera la institución para salvarla. Y hay que identificar las fortalezas del Casmu, que es una institución muy grande, la gente se afilia porque ve algo en él. Bueno, hay que identificar las cosas que ve la gente y trabajar sobre ellas. Tal vez haya que modernizar su gestión. Tecnológicamente es muy fuerte, pero tiene procedimientos administrativos demasiado lentos; ahí de repente hay que poner un énfasis mayor.

17) ¿Las bases sobre las cuales se asienta el sistema de atención del Casmu, por ejemplo los médicos de zona, van a tener cambios?

No, esa es una fortaleza. Que una institución mutual tenga la red periférica que tiene el Casmu es muy importante. Permite al afiliado rápidamente tomar contacto con un médico. Eso es básico y coincidimos con ese aspecto del proceso de reforma, que fortalece ese primer nivel de atención.

18) ¿Coincide en general con las bases de la reforma del sistema que promueve el gobierno?

Sí, las bases y principios son incuestionables e incluso son fruto de acuerdos pos dictadura que están escritos. Los grandes principios de esta reforma nacen en la Conapro.

19) ¿La prestación de servicios de salud tiene que ser una actividad lucrativa o debe tener exclusivamente un carácter social?

Nosotros creemos que puede haber ambas. No nos asusta que existan controles adecuados de instituciones u organizaciones o un formato que tenga fines de lucro. Cada uno elige. De repente uno vería mal si sólo existieran empresas con fines de lucro y tuviéramos la obligación de afiliarnos. Pero acá uno puede elegir. Y está la mano de la autoridad sanitaria para realizar los controles correspondientes y que los niveles de calidad sean los mismos.

20) ¿Hay instituciones mutuales que han padecidos crisis financieras por pagar sueldos muy altos al personal jerárquico?

No, nunca ha sido demostrado que ese sea el motivo esencial de los déficit que ha habido en la salud. A partir de la crisis del 2002 las instituciones no han podido evolucionar, con una cuota regida por el Ministerio de Economía, un sector donde impactan mucho los avances tecnológicos y eso a veces no se tiene en cuenta, con limitaciones que a veces hacen mal al producto final, que es la salud de la población. Nuestra posición no es que los sueldos médicos han llevado a problemas. Hay documentación últimamente que demuestra incluso que el pago por acto médico tampoco ha sido la causa fundamental de la situación de dificultad.

21) ¿Qué opina sobre el pago por acto médico?

A nosotros no nos preocupa. Es una modalidad salarial que puede ser única o mixta. Cualquier modalidad puede ser buena o mala en función de los controles que se realicen de la misma.

22) Muchos hablan de que desde que se instauró el acto médico , la cantidad de cesáreas por ejemplo- aumentó explosivamente.

No creo que sea así, y si lo es, quien lo dice tiene que dar a conocer los números que maneja.

23) ¿Hay médicos que intervienen más allá de lo necesario para beneficiarse con el acto médico ?

Yo no lo conozco, y si lo conociera lo habría denunciado. Creo que está dentro de esa mitología que a veces se va trasmitiendo. Podría suceder, pero ¿quién lo ha denunciado? Yo no tengo ninguna denuncia, el día que las vea deberemos encontrar los mecanismos para sancionar esa actitud. Pero las que pagan son las instituciones, ¿ellas no se dan cuenta que hay un médico que en lugar de hacer un parto natural lo está haciendo por cesárea, cuando no es necesario? ¿Por qué habría, una institución, de apañar ese tipo de situaciones? Es parte de los mitos urbanos, me parece.

24) ¿Los cargos en el Comité Ejecutivo del SMU son rentados?

No, lo único que tenemos es un viático por asistencia. En el Casmu sí, sus directivos tienen un salario, porque es una empresa.

25) ¿Está de acuerdo con que el presidente trabaje como médico?

Es una decisión muy personal. No sé lo que haría yo, porque al médico le gusta lo que hace, y el paciente siente la ausencia del médico. El médico no puede decir: desaparezco cinco años , porque después tendría que dedicarse a otra cosa. El buen médico se dedica a sus pacientes y estos sienten su ausencia, más en una especialidad como la del presidente. Tenemos que aprender a verlo de otra manera. Ahora, en cuanto a los tiempos que dedica, está en él.

26) ¿Conoce personalmente al doctor Vázquez?

Sí. Teníamos un conocimiento muy lejano y en estos dos últimos años, la verdad que nos tocó encontrarnos en varias oportunidades y creo que hemos resuelto algunos problemas por la vía del diálogo y el razonamiento. Creo que fue un aliado nuestro durante estos dos años y esperamos que lo siga siendo.

27) ¿Y la ministra Muñoz?

Creo que cambió también. Es difícil ser el primer ministro de Salud de un gobierno progresista que tiene entre sus principales postulados una reforma sanitaria. La ministra tuvo un proceso en el cual primero tuvimos una dificultad mayor en el diálogo, pero hoy cambió. Hoy hay más entendimiento. Probablemente ella se asentó más en su posición y quizás nosotros también.

28) ¿Es difícil entenderse con la doctora Muñoz?

No, no hay que insistir mucho (se ríe), pero no más que con otras personas. Ella tiene su personalidad pero otros tienen la suya. Cuando uno está convencido de tener argumentos fuertes para defender una posición, del otro lado lo que espera son argumentos fuertes para que se le rebata. Y si hay sensatez y racionalidad se llega a un acuerdo.

29) ¿Hay que legislar sobre la mala praxis médica?

Lo primero que hay que hacer es prevenirla mejorando las condiciones del trabajo médico. Errores siempre van a existir, tenemos que trabajar fuertemente en prevenirlos. Y eso se hace mejorando las condiciones de trabajo del médico, que hoy no son buenas. Y por otro lado, generar espacios que permitan a los familiares o al propio paciente documentarse adecuadamente sobre lo que se está haciendo.

 

30) ¿Está de acuerdo con el envío de pacientes oftalmológicos a Cuba? No, en absoluto. Esos casos se pueden resolver en Uruguay. No estamos de acuerdo con la salida de ningún paciente cuya situación se pueda resolver en Uruguay con las mismas o mejores condiciones. Diferente es si hablamos de patologías que el Uruguay no puede resolver. Bienvenido que esos pacientes resolvieron su problema, pero es una nota muy baja para aquellos que debieron haber logrado una coordinación intra país y no lo pudieron hacer.

31) ¿Qué responsabilidad le cabe a los médicos en la no resolución del problema acá?

Voy a hablar en nombre del Sindicato Médico: no fuimos llamados en ningún momento a tener intervención en esta situación. Me parece que no se hizo el esfuerzo para resolverlo acá y muy rápidamente se optó por una solución que nos deja mal parados a los uruguayos, no solo a los médicos sino también a las autoridades sanitarias.

32) ¿Cree que hubo un interés político en el envío de pacientes a Cuba?

Deseo que no. No tengo ninguna prueba de que haya sido así. Sí tengo pruebas de que no se hicieron los máximos esfuerzos para resolverlo acá, que se podía. Por suerte los pacientes resolvieron su problema, pero si la solución va a ser siempre así, vamos por mal camino. Tampoco estamos de acuerdo con que haya médicos oftalmólogos atendiendo en Uruguay sin la acreditación correspondiente.

33) ¿Está sucediendo eso?

Sí. Hay médicos cubanos atendiendo, dando consulta. En el Hospital de Las Piedras hay un cartel nos enviaron hace dos horas una foto- que dice: A partir del 3 de mayo oftalmólogos cubanos en consulta .

34) ¿El contador Zaidensztat puede ser el gerente del Casmu?

La Junta del Casmu iba a contactar, hace cuestión de dos o tres semanas, a dos o tres personas, una de ellas era el contador Zaidensztat. Creo que estaban en conversaciones.

35) ¿Está de acuerdo con la reforma tributaria?

La verdad que nos preocupa, porque nos parece que hay muchos puntos sueltos. A nosotros como médicos nos afecta mucho, porque tenemos una actividad que tiene costos muy altos. Éste es un impuesto que castiga puramente los ingresos sin tener en cuenta los egresos que tenemos los médicos, desde el vehículo hasta los seguros. A nosotros nos pega muy duro.

36) ¿Comparte la despenalización del aborto?

(Piensa) Podría ser un elemento a considerar, lo que no quiere decir obviamente estar de acuerdo con el aborto. Creo que sí, que habría que ajustar la norma que existe hoy.

37) ¿Qué opina de la eutanasia?

Es una práctica que debe estar penada. En lo personal no estoy de acuerdo. Pero hay una gran gama en lo que es acompañar al paciente terminal en los momentos finales de su vida, eso sí, el médico tiene la obligación de hacerlo, utilizando todas las herramientas que tiene a su disposición. No podemos dejar al paciente terminal librado a manos de alguien. Como médicos, tenemos que saber hasta dónde podemos ir con ese paciente para calmarle el sufrimiento y acompañarlo.

38) ¿Eso significa también ayudarlo a morir?

Pero eso no es eutanasia. Es ayudarlo a llegar bien a la muerte, en un proceso que sabemos irreversible. Cuidado, que también estos procesos son largos y hay que tener en cuenta el sufrimiento de la familia. Para curarlo no tenemos herramientas, y alejarnos en esa situación no es correcto. Hay que acompañar y utilizar las herramientas que tenemos para calmar su dolor.

39) ¿Cree en Dios?

Soy creyente, sí. Creo en algo superior, no sé si es Dios, pero es algo superior.

40) Ciencia y religión ¿cómo se llevan? Me parece que estupendamente. Hablo de religiones modernas, que lleguen realmente a la gente y se apoyen en argumentos científicos. En ese caso hay sintonía y creo que habría que caminar más por ese rumbo.

A contramano

Quizás sea demasiado grandilocuente, pero podría decirse que este hombre ha entrado en la historia. Después de noventa años de existencia del Sindicato Médico del Uruguay, una agrupación gremial que no está formada por hombres y mujeres de izquierda gana las elecciones en esa institución. Es la primera vez, según dicen los que saben. Además, perdió Fosalba, la lista que gobernaba desde hace 45 años.

En virtud de esto que parece un terremoto, Alfredo Toledo Ivaldo -52 años, separado, tres hijos- asumirá en breve la presidencia del SMU. O sea: será el primer presidente del gremio médico no surgido del campo de las ideas socialistas, dicho esto genéricamente.

Y aquí pueden empezar y nunca terminar- las especulaciones, porque esto sucede nada menos que en momentos en que la izquierda por primera vez gobierna en el país y se propone, además, realizar importantes cambios en el sistema de atención sanitaria. Una explicación: la gente interpreta que los sindicatos tienen que ser oposición. Otra: los médicos castigaron en su elección- al gobierno y en particular al MSP por algunos desencuentros. Otra más: las fronteras entre izquierda y derecha están hoy muy desdibujadas. Y así podríamos seguir hasta el infinito, o casi.

Al momento de hacer esta entrevista martes 5- Toledo era desde el año 2000- director del Centro de Quemados, pero no lo es cuando usted la está leyendo: el miércoles 6 la ministra María Julia Muñoz lo relevó de su cargo en lo que él no interpreta como una persecución política . Todavía cuando escribo esto- están poco claras las razones de la ministra y aunque éstas existan, la decisión parece poco elegante, por decir lo menos, seis días después del terremoto en el SMU.

http://www.cronicas.com.uy/HNoticia_12275.html

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21 febrero, 2011

20/02/2011 – El Estado estudia regular a los Abogados – diario El País – Uruguay

por Contador Público (Uruguay) Darío Aurelio Abilleira Alvarez

Estado: estudian regular a los abogados
Incompatibilidad. Quieren evaluar trabas al ejercicio liberal de los profesionales estatales | Fiscalía también quiere interrogar a los ex ministros
PABLO MELENDREZ

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) está dispuesto a estudiar la posibilidad de establecer incompatibilidades para los abogados del Estado. La opción sería imponer de forma más severa qué pueden hacer y qué no en su actividad privada.

La Dirección de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales del MEC, que se creó durante el gobierno de Tabaré Váz-quez (2005-2010), tiene a su cargo un relevamiento de la situación litigiosa del Estado.

En una primera etapa, la tarea se centró en la Administración Central (Presidencia y los ministerios) en base a 14 .776 juicios que se tramitan por las divisiones jurídicas de las secretarías de Estado.

Actualmente, la información recabada desde 2006 está siendo chequeada y analizada en base a convenios con la Agencia Española de Cooperación y la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.

En 2010 se hicieron dos seminarios con abogados del Estado para analizar diversos aspectos sobre el funcionamiento de las asesorías jurídicas oficiales, y los cambios que los profesionales estiman necesarios.

“Uno de los temas que se discutió y hubo opiniones divididas es si cuando se asume la defensa del Estado debe haber o no dedicación exclusiva”, dijo a El País la abogada Cecilia Blanco, titular de la Dirección de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales del MEC.

La gran mayoría de los abogados que trabajan para el Estado lo hacen en un régimen part-time, lo que les permite ejercer la profesión de forma liberal y sin ningún tipo de restricción, ya que no existe legislación al respecto. Pero ahora, según Blanco, ampliar las incompatibilidades es algo que “está arriba de la mesa”.

“Es un tema a discutir en serio”, sostuvo la jerarca, y agregó que la reforma del Estado es el ámbito adecuado para realizar “un estudio amplio sobre cómo se presta la defensa de los intereses del Estado”.

Blanco, quien ocupa su cargo desde 2006, dijo que inicialmente era partidaria de establecer un sistema de dedicación exclusiva para los abogados del Estado. Pero, tras analizar el asunto junto a sus colegas, llegó a la conclusión de que lo más conveniente sería crear un modelo de “incompatibilidades más severo”.

Eso implicaría que sin establecer un sistema de dedicación exclusiva, se pauta “qué se puede hacer y qué no”. Así, se podría determinar que los abogados del Estado no podrán litigar contra ninguna dependencia pública o, por lo menos, contra la que cada uno presta funciones, dijo Blanco.

Las cifras

11% Es el total de abogados que comparten el ejercicio liberal y un cargo en el Estado, de acuerdo con una encuesta del CAU.

CUMPLIMIENTO. Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados del Uruguay (CAU) Jorge Abramo, dijo a El País que el gremio por el momento no tiene formada una posición respecto a la posibilidad de establecer incompatibilidades para los profesionales que se desempeñan en el Estado.

Pero Abramo señaló que su preocupación a nivel personal, más que imponer incompatibilidades, es que los abogados de las dependencias públicas “cumplan con sus funciones y si trabajan en forma independiente lo hagan por fuera del horario de la labor estatal”.

Abramo dijo a El País que si bien no hay un impedimento legal que prohíba a un abogado que trabaja para el Estado hacer juicios en su contra, ese tipo de casos contravienen una serie de “cuestiones éticas”.

“No se puede tener un cliente particular y entablar un juicio contra él. Es decir que un abogado de un ministerio no puede hacer un juicio contra esa dependencia”, dijo Abramo, quien en su trayectoria profesional ha ejercido la abogacía en forma liberal, sobre todo en el departamento de Soriano.

No obstante, el presidente del CAU está a favor de imponer incompatibilidades para quienes ocupan cargos de confianza política y, a la vez, ejercen la profesión de abogado.

En esos casos “tiene que haber incompatibilidad y debería haber una prohibición posterior para no actuar contra la oficina en la que trabajaron”, consideró Abramo.

El penalista Gonzalo Fernández, ex ministro y ex secretario de la Presidencia en el gobierno de Tabaré Vázquez, ha sido muy cuestionado por seguir actuando como defensor en su estudio privado a la vez que ocupó importantes cargos políticos (ver nota aparte).

“IDEAL”. En 2009, una encuesta del CAU entre 800 abogados, arrojó que el 11% de los profesionales conjuga el trabajo privado con un cargo en la administración pública, mientras que el 9% se dedica solamente a su labor en el Estado.

En la encuesta, que fue realizada por Interconsult, una respuesta se repitió: “lo ideal es combinar el ejercicio libre de la profesión con un cargo en el Estado”. Y eso se justifica, según los encuestados, en que los profesionales universitarios gozan de importantes beneficios dentro de la estructura estatal.

Citarán a Vázquez por caso Fernández

El ex presidente Tabaré Vázquez deberá declarar ante la Justicia en el marco de la causa que investiga la derogación del delito por el cual fueron procesados en 2002 los hermanos Peirano Basso, que permitió que a mediados del año pasado se clausurara el juicio contra los ex banqueros.

La indagatoria apunta a aclarar la vinculación del ex ministro y ex secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, cuyo estudio jurídico representaba a Juan Domingo Ratti, un ex director del Banco de Montevideo.

El fiscal especializado en crimen organizado Ricardo Perciballe pedirá al juez Jorge Díaz la citación de Váz-quez así como de los miembros del gabinete ministerial que en 2008 promulgaron la ley por la cual el Parlamento derogó el artículo 76 de la ley 2.230, informó ayer el diario La República.

Vázquez dijo recientemente que a raíz del caso Peirano se generó una “enorme injusticia” en relación a Fernández, quien renunció al Frente Amplio.

http://www.elpais.com.uy/110220/pnacio-548485/nacional/estado-estudian-regular-a-los-abogados/

19 febrero, 2011

Jun/1992 – Informe sobre el libre ejercicio de las profesiones – España

por Contador Público (Uruguay) Darío Aurelio Abilleira Alvarez

Dicho informe ya tiene casi 20 años pero es muy interesante leerlo, además toca todos los temas que hoy estamos viviendo en Uruguay como ser la Colegiación, la libre Competencia ( liberalización de aranceles ), la protección al Consumidor, etc.

Informe sobre el libre ejercicio de las profesiones ( archivo pdf )

El autor del mismo es el Tribunal de Defensa de la Competencia.

19 febrero, 2011

Set/2001 – La Ingenieria del Software y la Ley del Consumidor – Dra.Szafir y MSC Feder – Uruguay

por Contador Público (Uruguay) Darío Aurelio Abilleira Alvarez

Este artículo se expone porque además de ser muy interesante; toca el tema de los Profesionales ya sea como proveedores o como consumidores.

Es un trabajo de la Dra. Dora Szafir y de MSC Mariel Feder, el mismo está publicado en la Web de la Universidad ORT de Uruguay.

Link:

http://www.ort.edu.uy/fi/publicaciones/ingsoft/investigacion/publicados/ingsoft_ley_consumidor.pdf

19 febrero, 2011

14/12/2007 – La colegiación desde el punto de vista de los Usuarios – del Cr. G.Barandarian

por Contador Público (Uruguay) Darío Aurelio Abilleira Alvarez

Esta presentación fue realizada en AUDU, dentro de un Encuentro Internacional:  “El Profesional Universitario en el marco de la Integración regional”

Se puede ver el trabajo del Cr. Barandiaran y también el link en donde está el original. El motivo de ponerlo en el “blog” es la de Compilar la información que pueda ser útil para otros Colegas que estudien el tema o público en general.

La Excelencia en el Ejercicio Profesional_Cr Barandiaran ( archivo pdf )

Fuente:

http://www.agrupacionuniversitaria.org.uy/present_enc_intern/barandiaran.pdf

19 febrero, 2011

23/08/2000 – Decreto 244/000 – Reglamentación de la Ley 17250 – Ley del Consumidor – Uruguay

por Contador Público (Uruguay) Darío Aurelio Abilleira Alvarez

23/08/2000 – Promulgación;  31/08/2000 – Publicación del decreto

LEY DEL CONSUMIDOR: REGLAMENTACION

El Presidente de la República, en acuerdo con el Ministro de Economía y Finanzas, aprobó un decreto por el cual se reglamenta la Ley Nº 17.250 que establece las relaciones de consumo entre el proveedor de productos y servicios y el consumidor.

El decreto establece lo siguiente:

VISTO: lo dispuesto por la Ley N° 17.250, de 11 de agosto de 2000.

RESULTANDO: I) que por la referida Ley se establecen disposiciones que tienen por objeto regular las relaciones de consumo.

II) que el texto legal consagra el deber de informar, estableciendo en varias disposiciones que la información se brindará conforme lo establezca la reglamentación.

CONSIDERANDO: I) la conveniencia de reglamentar la mencionada Ley por áreas específicas.

II) que corresponde establecer procedimientos eficaces en los términos previstos en sus capítulos respectivos, implementando el Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores e instrumentando el ejercicio de las competencias de control en materia de defensa del consumidor atribuidas por normas constitucionales o legales a los órganos o entidades públicas.

ATENTO: a lo expuesto precedentemente y a lo dispuesto por el artículo 168° numeral 4° de la Constitución de la República.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

D E C R E T A:

ARTICULO 1° .- A los efectos de esta reglamentación y conforme a lo dispuesto por el artículo 2° de la Ley N° 17.250, de 11 de agosto de 2000, es consumidor quien adquiere o utiliza productos o servicios como destinatario final en una relación de consumo. Cuando el consumidor formule denuncia o solicite audiencia basada en el incumplimiento de la Ley mencionada o sus normas reglamentarias y que refiera a una relación de consumo ya perfeccionada, deberá probar dicha relación mediante la factura o, cuando ésta no sea requerida por las normas vigentes, por los medios de prueba generalmente aceptados por el ordenamiento jurídico.-

ARTICULO 2° .- Los proveedores que ofrezcan directamente al público productos o servicios deberán exhibir los precios en forma clara y visible. Cuando los precios se exhiban mediante listas, ellas deben exponerse en los lugares de acceso a la vista del público o en los lugares de venta o atención al mismo.

Las variaciones de precios, cualquiera sea el motivo que las origine tales como lugar, tiempo, tamaño y horario deberán hacerse conocer en todos los listados. Se deberá informar además todo gasto adicional que sea de cargo del consumidor.

ARTICULO 3° .- El proveedor deberá informar el precio de contado con los impuestos incluidos. Cuando aquél acepte el pago de los productos o servicios mediante tarjeta de crédito, cupones de pago o similares deberá informar al consumidor si hay algún cargo adicional con respecto al precio de contado.

ARTÍCULO 4° .- Cuando el proveedor ofrezca planes de financiación, deberá indicar en forma visible, además del precio de contado efectivo, lo siguiente: a) la entrega inicial; b) el número de cuotas y el monto de cada una de ellas referidas a una unidad de tiempo; c) el precio total financiado d) los intereses y todo otro adicional por mora se) toda otra suma que sea de cargo del consumidor; f) lugar de pago.

En la publicidad de productos o servicios, si se menciona el precio, deberá explicitarse si es de contado o financiado y en este último caso se deberá cumplir con lo consignado en el presente artículo.

ARTICULO 5° .- Cuando la financiación no sea otorgada por el oferente del producto o servicio, se deberá informar claramente, tanto en la exhibición como en la publicidad, el nombre de la entidad que la otorga.

ARTICULO 6° .- La oferta de servicios realizada en locales acondicionados con la finalidad de ofertar a que refiere el artículo 16° inciso 2) de la Ley que se reglamenta es aquella que resulta de una convocatoria realizada al consumidor por el proveedor, cuando el objeto de dicha convocatoria sea distinto al de la  contratación que se celebre o cuando la contratación se realice como resultado de la utilización de prácticas de comercialización compulsivas o coercitivas. A los efectos del citado artículo, la devolución del producto, sin uso y en el mismo estado en que fue recibido, deberá realizarse en forma simultánea con la restitución de lo pagado. Si el precio hubiere sido pagado mediante tarjeta de crédito o similar, la comunicación establecida en el inciso 3) in fine del citado artículo deberá realizarse por medio fehaciente y acreditarse ante la emisora de la tarjeta.

En el caso de servicios parcialmente prestados, la cancelación de la forma de pago diferido de las prestaciones emergentes del contrato que el consumidor hubiera instrumentado a través de tarjetas de crédito o similares procederá una vez que el consumidor haya pagado la porción del servicio utilizado.

ARTICULO 7° .- Cuando el proveedor de productos agregue un manual de instrucciones de instalación y uso, necesario para su correcto funcionamiento, éste deberá estar escrito en idioma español sin perjuicio de que además puedan emplearse otros idiomas.

ARTICULO 8° .- En el caso de servicios, cuando el consumidor así lo exija previo al perfeccionamiento del contrato, el proveedor deberá entregar un presupuesto que contenga como mínimo las siguientes especificaciones: sus datos identificatorios, la descripción del trabajo a realizar, de los materiales a emplear, el precio de éstos y de la mano de obra, con los impuestos incluidos, el tiempo en que se realizará el trabajo y el plazo de validez del presupuesto.

Si el proveedor no ha establecido un plazo de validez del presupuesto, éste regirá por diez días corridos desde su entrega al consumidor. El consumidor no responderá por cualquier cargo o incremento no previsto en el presupuesto.

ARTICULO 9° .- Toda tarea, empleo de material o costo adicional que se evidencie como necesario durante la prestación del servicio y que por su naturaleza o características no pudo ser incluido en el presupuesto original, deberá ser aceptado por el consumidor antes de su realización o utilización.

Queda exceptuado de esta obligación el prestador del servicio que por la naturaleza del mismo no pueda interrumpirse sin afectar su calidad o sin causar daño para los intereses del consumidor, cuando hubiese informado acerca de tal posibilidad.

ARTICULO 10° .- Créase el Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores que funcionará en la Dirección del Área Defensa del Consumidor. Las asociaciones ya constituidas como asociaciones civiles cuyo objeto específico sea la defensa del consumidor deberán inscribirse en este Registro.

A los efectos de la inscripción, deberán presentar la. solicitud en formulario que proporcionará dicha Dirección y la siguiente información: a) copia autenticada del estatuto aprobado e inscripto y certificado de vigencia expedido por el Ministerio de Educación y Cultura; b) certificado notarial que acredite la composición del órgano directivo en funciones y el número de asociados, conforme a los libros que lleve la asociación; e) copia autenticada del libro de asambleas; d) estado de situación patrimonial y estado de resultados, confeccionados de acuerdo a normas contables generalmente aceptadas, correspondiente al cierre del último ejercicio económico de la asociación y aprobado por la asamblea conforme a las disposiciones estatutarias.

La permanencia en el Registro estará sujeta a la actualización anual de la información exigida por este artículo, ante la Dirección mencionada.

ARTICULO 11° .- A los efectos de la celebración de la audiencia administrativa prevista en el literal F) del artículo 42° de la Ley que se reglamenta, el solicitante se presentará ante la Dirección del Área de Defensa del Consumidor, proporcionando la siguiente información: su identificación r la del proveedor en forma completa y la determinación clara y precisa del objeto de la citación. La cédula citatoria contendrá, además de los datos proporcionados por el solicitante, lugar, día y hora de realización de la audiencia y el apercibimiento de que la incomparecencia del citado se tendrá como presunción simple en su contra en el eventual proceso ulterior.

ARTICULO 12° .- La audiencia se convocará para día y hora determinados y con una antelación no menor a tres días. Sin perjuicio de las normas vigentes sobre representación, en el aso de que el citante la hubiere otorgado a una asociación de consumidores, ésta deberá estar registrada y cumplir con lo dispuesto en el artículo 10° del presente Decreto. Se admitirá la concurrencia voluntaria de las partes a fin de documentar el acuerdo transaccional al que hayan arribado fuera de audiencia.

ARTICULO 13° .- La audiencia será presidida por un funcionario de la Dirección citada quien, cuando comparezcan ambas partes, labrará un acta que deberá contener: las pretensiones del citante y del citado y el resultado final. E1 acta será firmada por ambas partes y el funcionario actuante, expidiéndose testimonios. La incomparecencia del citante o del citado habilitará al concurrente a solicitar testimonio de su comparecencia a los efectos pertinentes.

El funcionario actuante podrá suspender la audiencia a solicitud de ambas partes y fijarla dentro de un plazo razonable, a su criterio. Este funcionario deberá guardar reserva respecto de todas las cuestiones relativas a la audiencia administrativa que se regula en el presente decreto.

ARTICULO 14° .- La Dirección del Área de Defensa del Consumidor podrá coordinar con la Dirección General Impositiva u otra unidad ejecutora del Ministerio de Economía y Finanzas, la recepción de las solicitudes de audiencia administrativa formuladas en el interior de la República y su celebración en los locales departamentales correspondientes.

ARTICULO 15° .- Las infracciones a la Ley N° 17.250, de 11 de agosto de 2000, serán sancionadas por el órgano con competencia en la materia, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 50° de dicha norma y comunicando a la Dirección del Área de Defensa del Consumidor que ha asumido competencia de control .

ARTICULO 16° .- Denunciada ante la Dirección del Área de Defensa del Consumidor una infracción a las disposiciones de la Ley N° 17.250, de 11 de agosto de 2000, que refiera a materia cuyo control esté atribuido expresamente a otro órgano o ente público, aquélla le remitirá la denuncia en un plazo de setenta y dos horas de recibida.

ARTICULO 17° .- El incumplimiento de las obligaciones previstas en este Decreto será sancionado conforme a lo dispuesto por la Ley N° 17.250, de 11 de agosto de 2000.

ARTICULO 18° .- Exhórtase al Banco Central del Uruguay a regular las especificaciones de la oferta de servicios financieros, según lo dispone el artículo 21° de la Ley N° 17.250, de 11 de agosto de 2000.

ARTICULO 19° .- El proveedor de productos y servicios debe mantener en su poder, para la información de los legítimos interesados, los datos fácticos, técnicos y científicos que den sustento al mensaje publicitario que emita, durante el plazo de noventa días contados desde el último mensaje difundido.

ARTICULO 20° .- (Transitorio) Los proveedores tendrán un plazo de noventa días para ajustar la documentación exigida por los artículos 7° y 8° a las disposiciones del presente decreto, los que se contarán a partir de su publicación.

ARTICULO 21° .- Comuníquese, publíquese, etc.

http://www.presidencia.gub.uy/noticias/archivo/2000/agosto/2000082301.htm

 

19 febrero, 2011

17/08/2000 – Ley 17250 – Defensa del Consumidor – Uruguay

por Contador Público (Uruguay) Darío Aurelio Abilleira Alvarez

Publicada D.O. 17 ago/000 – Nº 25583

Ley Nº 17.250

DEFENSA DEL CONSUMIDOR

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN:


CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES Y CONCEPTOS

Artículo 1º.- La presente ley es de orden público y tiene por objeto regular las relaciones de consumo, incluidas las situaciones contempladas en el inciso segundo del artículo 4º.

En todo lo no previsto, en la presente ley, será de aplicación lo dispuesto en el Código Civil.

Artículo 2º.- Consumidor es toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza productos o servicios como destinatario final en una relación de consumo o en función de ella.

No se considera consumidor o usuario a aquel que, sin constituirse en destinatario final, adquiere, almacena, utiliza o consume productos o servicios con el fin de integrarlos en procesos de producción, transformación o comercialización.

Artículo 3º.- Proveedor es toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, privada o pública, y en este último caso estatal o no estatal, que desarrolle de manera profesional actividades de producción, creación, construcción, transformación, montaje, importación, distribución y comercialización de productos o servicios en una relación de consumo.

Artículo 4º.- Relación de consumo es el vínculo que se establece entre el proveedor que, a título oneroso, provee un producto o presta un servicio y quien lo adquiere o utiliza como destinatario final.

La provisión de productos y la prestación de servicios que se efectúan a título gratuito, cuando ellas se realizan en función de una eventual relación de consumo, se equiparan a las relaciones de consumo.

Artículo 5º.- Producto es cualquier bien corporal o incorporal, mueble o inmueble. Servicio es cualquier actividad remunerada, suministrada en el mercado de consumo, con excepción de las que resultan de las relaciones laborales.

CAPITULO II

DERECHOS BASICOS DEL CONSUMIDOR

Artículo 6º.- Son derechos básicos de consumidores:

A) La protección de la vida, la salud y la seguridad contra los riesgos causados por las prácticas en el suministro de productos y servicios considerados peligrosos o nocivos.
B) La educación y divulgación sobre el consumo adecuado de los productos y servicios, la libertad de elegir y el tratamiento igualitario cuando contrate.
C) La información suficiente, clara, veraz, en idioma español sin perjuicio que puedan emplearse además otros idiomas.
D) La protección contra la publicidad engañosa, los métodos coercitivos o desleales en el suministro de productos y servicios y las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión, cada uno de ellos dentro de los términos dispuestos en la presente ley.
E) La asociación en organizaciones cuyo objeto específico sea la defensa del consumidor y ser representado por ellas.
F) La efectiva prevención y resarcimiento de los daños patrimoniales y extra patrimoniales.
G) El acceso a organismos judiciales y administrativos para la prevención y resarcimiento de daños mediante procedimientos ágiles y eficaces, en los términos previstos en los capítulos respectivos de la presente ley.

CAPITULO III

PROTECCION DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD

Artículo 7º.- Todos los productos y servicios cuya utilización pueda suponer un riesgo de aquellos considerados normales y previsibles por su naturaleza, utilización o finalidad, para la salud o seguridad de los consumidores o usuarios, deberán comercializarse observando las normas o las formas establecidas o razonables.

Artículo 8º.- Los proveedores de productos y servicios peligrosos o nocivos para la salud o seguridad deberán informar en forma clara y visible sobre su peligrosidad o nocividad, sin perjuicio de otras medidas que puedan tomarse en cada caso concreto.

Artículo 9º.- La autoridad administrativa competente podrá prohibir la colocación de productos en el mercado, excepcionalmente y en forma fundada, cuando éstos presenten un grave riesgo para la salud o seguridad del consumidor por su alto grado de nocividad o peligrosidad.

Artículo 10.- Tratándose de productos industriales, el fabricante deberá proporcionar la información a que refieren los artículos precedentes, y ésta deberá acompañar siempre al producto, incluso en su comercialización final.

Artículo 11.- Los proveedores de productos y servicios que, posteriormente a la introducción de los mismos en el mercado, tomen conocimiento de su nocividad o peligrosidad, deberán comunicar inmediatamente tal circunstancia a las autoridades competentes y a los consumidores. En este último caso, la comunicación se cumplirá mediante anuncios publicitarios.

CAPITULO IV

DE LA OFERTA EN GENERAL

Artículo 12.- La oferta dirigida a consumidores determinados o indeterminados, transmitida por cualquier medio de comunicación y que contenga información suficientemente precisa con relación a los productos o servicios ofrecidos, vincula a quien la emite y a aquel que la utiliza de manera expresa por el tiempo que se realice. Este plazo se extenderá en los siguientes casos:

1) Cuando dicha oferta se difunda únicamente en día inhábil, en cuyo caso la misma vincula a los sujetos referidos en esta cláusula hasta el primer día hábil posterior al de su realización.
2) Cuando el oferente establezca un plazo mayor.

En todos los casos, la oferta podrá especificar sus modalidades, condiciones o limitaciones.

Durante el plazo de vigencia de la oferta, incluso si éste es más extenso que el previsto en la presente ley, la oferta será revocable. La revocación será eficaz una vez que haya sido difundida por medios similares a los empleados para hacerla conocer, y siempre que esto ocurra antes que la aceptación haya llegado al oferente. En los casos en los que el oferente asuma el compromiso de no revocar la oferta, la misma no será revocable.

La aceptación de la oferta debe ser tempestiva. La aceptación tardía es ineficaz, salvo la facultad del proponente de otorgarle eficacia.

Artículo 13.- Toda información referente a una relación de consumo deberá expresarse en idioma español sin perjuicio que además puedan usarse otros idiomas.

Cuando en la oferta se dieran dos o más informaciones contradictorias, prevalecerá la más favorable al consumidor.

Artículo 14.- Toda información, aun la proporcionada en avisos publicitarios, difundida por cualquier forma o medio de comunicación, obliga al oferente que ordenó su difusión y a todo aquel que la utilice, e integra el contrato que se celebre con el consumidor.

Artículo 15.- El proveedor deberá informar, en todas las ofertas, y previamente a la formalización del contrato respectivo:

A) El precio, incluidos los impuestos.
B) En las ofertas de crédito o de financiación de productos o servicios, el precio de contado efectivo según corresponda, el monto del crédito otorgado o el total financiado en su caso, y la cantidad de pagos y su periodicidad. Las empresas de intermediación financiera, administradoras de créditos o similares, también deberán informar la tasa de interés efectiva anual.
C) las formas de actualización de la prestación, los intereses y todo otro adicional por mora, los gastos extras adicionales, si los hubiere, y el lugar de pago.

El precio difundido en los mensajes publicitarios deberá indicarse según lo establecido en el presente artículo. La información consignada se brindará conforme a lo que establezca la reglamentación.

Artículo 16.- La oferta de productos o servicios que se realice fuera del local empresarial, por medio postal, telefónico, televisivo, informático o similar da derecho al consumidor que la aceptó a rescindir o resolver, “ipso-jure” el contrato. El consumidor podrá ejercer tal derecho dentro de los cinco días hábiles contados desde la formalización del contrato o de la entrega del producto, a su sola opción, sin responsabilidad alguna de su parte. La opción por la rescisión o resolución deberá ser comunicada al proveedor por cualquier medio fehaciente.

Cuando la oferta de servicios se realice en locales acondicionados con la finalidad de ofertar, el consumidor podrá rescindir o resolver el contrato en los términos dispuestos en el inciso primero del presente artículo.

Si el consumidor ejerciere el derecho a resolver o rescindir el contrato deberá proceder a la devolución del producto al proveedor, sin uso, en el mismo estado en que fue recibido, salvo lo concerniente a la comprobación del mismo. Por su parte, el proveedor deberá restituir inmediatamente al consumidor todo lo que éste hubiere pagado. La demora en la restitución de los importes pagados por el consumidor, dará lugar a que éste exija la actualización de las sumas a restituir. Cada parte deberá hacerse cargo de los costos de la restitución de la prestación recibida. En los casos en los que el consumidor rescinda o resuelva el contrato de conformidad a las previsiones precedentes, quedarán sin efecto las formas de pago diferido de las prestaciones emergentes de dicho contrato que éste hubiera instrumentado a través de tarjetas de crédito o similares. Bastará a tal efecto que el consumidor comunique a las emisoras de las referidas tarjetas su ejercicio de la opción de resolución o rescisión del contrato.

En el caso de servicios parcialmente prestados, el consumidor pagará solamente aquella parte que haya sido ejecutada y si el servicio fue pagado anticipadamente, el proveedor devolverá inmediatamente el monto correspondiente a la parte no ejecutada. La demora en la restitución de los importes pagados por el consumidor, dará lugar a que éste exija la actualización de las sumas a restituir. Se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el párrafo final del inciso anterior del presente artículo.

En todos los casos el proveedor deberá informar el domicilio de su establecimiento o el suyo propio siendo insuficiente indicar solamente el casillero postal o similar.

CAPITULO V

DE LA OFERTA DE LOS PRODUCTOS

Artículo 17.- La oferta de productos debe brindar información clara y fácilmente legible sobre sus características, naturaleza, cantidad, calidad -en los términos y oportunidades que correspondan-, composición, garantía, origen del producto, el precio de acuerdo a lo establecido en el artículo 15, los datos necesarios para la correcta conservación y utilización del producto y, según corresponda, el plazo de validez y los riesgos que presente para la salud y seguridad de los consumidores.

La información consignada en este artículo se brindará conforme lo establezca la reglamentación respectiva. En lo que respecta al etiquetado-rotulado de productos, así como en relación a la necesidad de acompañar manuales de los productos y el contenido de éstos, se estará a lo que disponga la reglamentación.

Artículo 18.- Los fabricantes e importadores deberán asegurar la oferta de componentes y repuestos mientras subsista la fabricación o importación del producto.

Artículo 19.- La oferta de productos defectuosos, usados o reconstituidos deberá indicar tal circunstancia en forma clara y visible.

CAPITULO VI

DE LA OFERTA DE SERVICIOS

Artículo 20.- En la oferta de servicios el proveedor deberá informar los rubros que se indican en el presente artículo, salvo que por la naturaleza del servicio no corresponda la referencia a alguno de ellos. La información deberá ser clara y veraz y, cuando se brinde por escrito, será proporcionada con caracteres fácilmente legibles.

A) Nombre y domicilio del proveedor del servicio.
B) La descripción del servicio a prestar.
C) Una descripción de los materiales, implementos, tecnología a emplear y el plazo o plazos del cumplimiento de la prestación.
D) El precio, incluidos los impuestos, su composición cuando corresponda, y la forma de pago. Será aplicable en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 15 de la presente ley.
E) Los riesgos que el servicio pueda ocasionar para la salud o seguridad, cuando se diera esta circunstancia.
F) El alcance y duración de la garantía, cuando ésta se otorgue.
G) Solamente podrá informarse la calidad de conformidad a lo previsto en el artículo 17 de la presente ley.

La reglamentación podrá prever situaciones en que, junto con la oferta deba brindarse un presupuesto al consumidor, estableciendo su contenido y eficacia.

Artículo 21.- La oferta de servicios financieros deberá contener las especificaciones que, según los servicios que se trate, pueda disponer la reglamentación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 20 precedente.

CAPITULO VII

PRACTICAS ABUSIVAS EN LA OFERTA

Artículo 22.- Son consideradas prácticas abusivas, entre otras:

A) Negar la provisión de productos o servicios al consumidor, mientras exista disponibilidad de lo ofrecido según los usos y costumbres y la posibilidad de cumplir el servicio, excepto cuando se haya limitado la oferta y lo haya informado previamente al consumidor, sin perjuicio de la revocación que deberá ser difundida por los mismos medios empleados para hacerla conocer.
B) Hacer circular información que desprestigie al consumidor, a causa de las acciones realizadas por éste, en ejercicio de sus derechos.
C) Fijar el plazo, o los plazos para el cumplimiento de las obligaciones de manera manifiestamente desproporcionada en perjuicio del consumidor.
D) Enviar o entregar al consumidor, cualquier producto o proveer cualquier servicio, que no haya sido previamente solicitado. Los servicios prestados o los productos remitidos o entregados al consumidor, en esta hipótesis, no conllevan obligación de pago ni de devolución, equiparándose por lo tanto a las muestras gratis. Se aplicará, en lo que corresponda, lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 16 de la presente ley.
E) Hacer aparecer al consumidor como proponente de la adquisición de bienes o servicios, cuando ello no corresponda.

CAPITULO VIII

GARANTIA CONTRACTUAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Artículo 23.- El proveedor de productos y servicios que ofrece garantía, deberá ofrecerla por escrito, estandarizada cuando sea para productos idénticos. Ella deberá ser fácilmente comprensible y legible, y deberá informar al consumidor sobre el alcance de sus aspectos más significativos.

Deberá contener como mínimo la siguiente información:

A) Identificación de quien ofrece la garantía.
B) Identificación del fabricante o importador del producto o del proveedor del servicio.
C) Identificación precisa del producto o servicio, con sus especificaciones técnicas básicas.
D) Condiciones de validez de la garantía, su plazo y cobertura, especificando las partes del producto o servicio cubiertas por la misma.
E) Domicilio y teléfono de aquellos que están obligados contractualmente a prestarla.
F) Condiciones de reparación del producto o servicio con especificación del lugar donde se efectivizará la garantía.
G) Costos a cargo del consumidor, si los hubiere.
H) Lugar y fecha de entrega del producto o de la finalización de la prestación del servicio al consumidor.

El certificado de garantía debe ser completado por el proveedor y entregado junto con el producto o al finalizar la prestación del servicio.

Si el certificado es entregado por el comerciante y se identificó en el mismo al fabricante o importador que ofrece la garantía son estos últimos quienes resultan obligados por el contrato accesorio de garantía.

CAPITULO IX

PUBLICIDAD

Artículo 24.- Toda publicidad debe ser transmitida y divulgada de forma tal que el consumidor la identifique como tal.

Queda prohibida cualquier publicidad engañosa.

Se entenderá por publicidad engañosa cualquier modalidad de información o comunicación contenida en mensajes publicitarios que sea entera o parcialmente falsa, o de cualquier otro modo, incluso por omisión de datos esenciales, sea capaz de inducir a error al consumidor respecto a la naturaleza, cantidad, origen, precio, respecto de los productos y servicios.

Artículo 25.- La publicidad comparativa será permitida siempre que se base en la objetividad de la comparación y no se funde en datos subjetivos, de carácter psicológico o emocional; y que la comparación sea pasible de comprobación.

Artículo 26.- La carga de la prueba de la veracidad y exactitud material de los datos de hecho contenidos en la información o comunicación publicitaria, corresponde al anunciante.

Artículo 27.- La reglamentación podrá establecer un plazo durante el cual el proveedor de productos y servicios debe mantener en su poder, para la información de los legítimos interesados, los datos fácticos, técnicos y científicos que den sustento al mensaje publicitario.

CAPITULO X

CONTRATO DE ADHESION

Artículo 28.- Contrato de adhesión es aquél cuyas cláusulas o condiciones han sido establecidas unilateralmente por el proveedor de productos o servicios sin que el consumidor haya podido discutir, negociar o modificar sustancialmente su contenido.

En los contratos escritos, la inclusión de cláusulas adicionales a las preestablecidas no cambia por sí misma la naturaleza del contrato de adhesión.

Artículo 29.- Los contratos de adhesión serán redactados en idioma español, en términos claros y con caracteres fácilmente legibles, de modo tal que faciliten la comprensión del consumidor.

CAPITULO XI

CLAUSULAS ABUSIVAS EN LOS CONTRATOS DE ADHESION

Artículo 30.- Es abusiva por su contenido o por su forma toda cláusula que determine claros e injustificados desequilibrios entre los derechos y obligaciones de los contratantes en perjuicio de los consumidores, así como toda aquella que viole la obligación de actuar de buena fe. La apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no referirá al producto o servicio ni al precio o contraprestación del contrato, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible.

Artículo 31.- Son consideradas cláusulas abusivas sin perjuicio de otras, las siguientes:

A) Las cláusulas que exoneren o limiten la responsabilidad del proveedor por vicios de cualquier naturaleza de los productos o servicios, salvo que una norma de derecho lo habilite o por cualquier otra causa justificada.
B) Las cláusulas que impliquen renuncia de los derechos del consumidor.
C) Las cláusulas que autoricen al proveedor a modificar los términos del contrato.
D) La cláusula resolutoria pactada exclusivamente en favor del proveedor. La inclusión de la misma deja a salvo la opción por el cumplimiento del contrato.
E) Las cláusulas que contengan cualquier precepto que imponga la carga de la prueba en perjuicio del consumidor cuando legalmente no corresponda.
F) Las cláusulas que impongan representantes al consumidor.
G) Las cláusulas que impliquen renuncia del consumidor al derecho a ser resarcido o reembolsado de cualquier erogación que sea legalmente de cargo del proveedor.
H) Las cláusulas que establezcan que el silencio del consumidor se tendrá por aceptación de cualquier modificación, restricción o ampliación de lo pactado en el contrato.

La inclusión de cláusulas abusivas da derecho al consumidor a exigir la nulidad de las mismas y en tal caso el Juez integrará el contrato. Si, hecho esto, el Juez apreciara que con el contenido integrado del contrato éste carecería de causa, podrá declarar la nulidad del mismo.

CAPITULO XII

INCUMPLIMIENTO

Artículo 32.- La violación por parte del proveedor de la obligación de actuar de buena fe o la transgresión del deber de informar en la etapa precontractual, de perfeccionamiento o de ejecución del contrato, da derecho al consumidor a optar por la reparación, la resolución o el cumplimiento del contrato, en todos los casos más los daños y perjuicios que correspondan.

Artículo 33.- El incumplimiento del proveedor, de cualquier obligación a su cargo, salvo que mediare causa extraña no imputable, faculta al consumidor, a su libre elección, a:

A) Exigir el cumplimiento forzado de la obligación siempre que ello fuera posible.
B) Aceptar otro producto o servicio o la reparación por equivalente.
C) Resolver el contrato con derecho a la restitución de lo pagado, monetariamente actualizado o rescindir el mismo, según corresponda.

En cualquiera de las opciones el consumidor tendrá derecho al resarcimiento de los daños y perjuicios compensatorios o moratorios, según corresponda.

CAPITULO XIII

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS

Artículo 34.- Si el vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio resulta un daño al consumidor, será responsable el proveedor de conformidad con el régimen dispuesto en el Código Civil.

El comerciante o distribuidor sólo responderá cuando el importador y fabricante no pudieran ser identificados. De la misma forma serán responsables si el daño se produce como consecuencia de una inadecuada conservación del producto o cuando altere sus condiciones originales.

Artículo 35.- La responsabilidad de los profesionales liberales será objetiva o subjetiva según la naturaleza de la prestación asumida.

Artículo 36.- El proveedor no responde sino de los daños y perjuicios que sean consecuencia inmediata y directa del hecho ilícito e incluyen el daño patrimonial y extrapatrimonial.

CAPITULO XIV

PRESCRIPCION Y CADUCIDAD

Artículo 37.-

1) El derecho a reclamar por vicios aparentes, o de fácil constatación, salvo aceptación expresa de los mismos, caducan en:
  A) Treinta días a partir de la provisión del servicio o del producto no duradero.
  B) Noventa días cuando se trata de prestaciones de productos o servicios duraderos.
       El plazo comienza a computarse a partir de la entrega efectiva del producto o de la finalización de la prestación del servicio.
       Dicho plazo se interrumpe si el consumidor efectúa una reclamación debidamente comprobada ante el proveedor y hasta tanto éste deniegue la misma en forma inequívoca.
2) En caso de vicios ocultos, éstos deberán evidenciarse en un plazo de seis meses y caducarán a los tres meses del momento en que se pongan de manifiesto. Ello sin perjuicio de las previsiones legales específicas para ciertos bienes y servicios.

Artículo 38.- La acción para reclamar la reparación de los daños personales prescribirá en un plazo de cuatro años a partir de la fecha en que el demandante tuvo o debería haber tenido conocimiento del daño, del vicio o defecto, y de la identidad del productor o fabricante. Tal derecho se extinguirá transcurrido un plazo de diez años a partir de la fecha en que el proveedor colocó el producto en el mercado o finalizó la prestación del servicio causante del daño.

Artículo 39.- La prescripción consagrada en los artículos anteriores se interrumpe con la presentación de la demanda, o con la citación a juicio de conciliación siempre que éste sea seguido de demanda dentro del plazo de treinta días de celebrado el mismo.

CAPITULO XV

ORGANIZACION ADMINISTRATIVA

Artículo 40.- El Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Comercio, será la autoridad nacional de fiscalización del cumplimiento de la presente ley, sin perjuicio de las competencias constitucionales y legales atribuidas a otros órganos y entes públicos.

Artículo 41.- La Dirección General de Comercio, además, asesorará al Ministerio de Economía y Finanzas en la formulación y aplicación de las políticas en materia de defensa del consumidor.

Artículo 42.- Compete a la Dirección del Area de Defensa del Consumidor:

A) Informar y asesorar a los consumidores sobre sus derechos.
B) Controlar la aplicación de las disposiciones de protección al consumidor establecidas en esta norma, pudiendo a tal efecto exigir el acceso, realizar inspecciones y requerir la información que necesitare en los locales, almacenes, depósitos, fábricas, comercios o cualquier dependencia o establecimiento de los proveedores; sin perjuicio de las competencias constitucionales y legales atribuidas a otros órganos y Entes Públicos.
C) Asesorar al Director General de Comercio para coordinar con otros órganos o entidades públicas estatales y no estatales la acción a desarrollar en defensa del consumidor.
D) Podrá fomentar, formar o integrar además, comisiones asesoras compuestas por representantes de las diversas actividades industriales y comerciales, cooperativas de consumo y asociaciones de consumidores, o por representantes de organismos o entes públicos, las que serán responsables de las informaciones que aporten, y podrán proponer medidas correctivas referentes a la defensa del consumidor.
E) Fomentar la constitución de asociaciones de consumidores cuya finalidad exclusiva sea la defensa del consumidor. La Dirección del Area Defensa del Consumidor llevará un registro de estas asociaciones, las que deberán constituirse como asociaciones civiles.
F) Citar a los proveedores a solicitud del o de los consumidores afectados, a una audiencia administrativa que tendrá por finalidad tentar el acuerdo entre las partes. La incomparecencia del citado a esta audiencia se tendrá como presunción simple en su contra. Sin perjuicio de ello, en general, podrá auspiciar mecanismos de conciliación y mediación para la solución de los conflictos que se planteen entre los particulares en relación a los temas de su competencia.
G) Podrá para el cumplimiento de sus cometidos, solicitar información, asistencia y asesoramiento a cualquier persona pública o privada nacional o extranjera.
H) Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus cometidos.

Artículo 43.- Se consideran infracciones en materia de defensa del consumidor, el incumplimiento de los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidas en la presente ley. Para el cumplimiento de las tareas inspectivas, podrá requerirse el concurso de la fuerza pública, si se entendiera pertinente.

Artículo 44.- Las infracciones en materia de defensa del consumidor, serán sancionadas por la Dirección General de Comercio, en subsidio de los órganos o entidades públicas estatales y no estatales que tengan asignada, por normas constitucionales o legales, competencia de control en materia vinculada a la defensa del consumidor.

Artículo 45.- La Dirección General de Comercio podrá delegar en la Dirección del Area Defensa del Consumidor la potestad sancionatoria en esta materia.

Artículo 46.- Las infracciones se calificarán como leves, graves y muy graves, atendiendo a los siguientes criterios: el riesgo para la salud del consumidor, la posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de la alteración social producida, la generalización de la infracción y la reincidencia.

Artículo 47.- Comprobada la existencia de una infracción a las obligaciones impuestas por la presente ley, sin perjuicio de las acciones por responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar, el infractor será pasible de las siguientes sanciones, las que se podrán aplicar independiente o conjuntamente según resulte de las circunstancias del caso:

1) Apercibimiento, cuando el infractor carezca de antecedentes en la comisión de infracciones de la misma naturaleza y ésta sea calificada como leve.
2) Multa cuyo monto inferior no será menor de 20 UR (veinte unidades reajustables) y hasta un monto de 4.000 UR (cuatro mil unidades reajustables).
3) Decomiso de las mercaderías y productos objeto de la infracción, cuando éstos puedan entrañar riesgo claro para la salud o seguridad del consumidor.
4) En caso de reiteración de infracciones graves o de infracción muy grave se podrá ordenar la clausura temporal del establecimiento comercial o industrial hasta por noventa días.
5) Suspensión de hasta un año en los registros de proveedores que posibilitan contratar con el Estado.

   Las sanciones referidas en los numerales 3), 4) y 5) del presente artículo se propondrán fundadamente por la Dirección General de Comercio y se resolverán por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Artículo 48.- Cuando se constaten infracciones graves a las disposiciones establecidas en la presente ley, la Dirección del Area de Defensa del Consumidor, podrá colocar en el frente e interior del establecimiento, carteles que indiquen claramente el carácter de infractor a la ley de Defensa del Consumidor por un plazo de hasta veinte días a partir de la fecha de constatación de la infracción.

Artículo 49.- En caso de reincidencia en infracciones similares, probada intencionalidad en la infracción o circunstancias que configuren un riesgo para la salud o seguridad de los consumidores, el órgano competente de control, podrá disponer la publicación en los diarios de circulación nacional de la resolución sancionatoria a costa del infractor.

Artículo 50.- Para la imposición de las sanciones establecidas en la presente ley, se seguirá el siguiente procedimiento: comprobada la infracción por los funcionarios del servicio inspectivo respectivo, se labrará acta circunstanciada, en forma detallada, que será leída a la persona que se encuentre a cargo del establecimiento, quien la firmará y recibirá copia textual de la misma.

El infractor dispondrá de un plazo de diez días hábiles para efectuar sus descargos por escrito y ofrecer prueba, la que se diligenciará en un plazo de quince días, prorrogables cuando haya causa justificada. Vencido el plazo de diez días hábiles sin efectuar descargos o diligenciada la prueba en su caso, se dictará resolución.

Artículo 51.- Cuando se compruebe la realización de publicidad engañosa o ilícita, sin perjuicio de las sanciones establecidas en la presente ley, el órgano competente podrá solicitar judicialmente, en forma fundada, la suspensión de la publicidad de que se trate, así como también ordenar la realización de contra publicidad con la misma frecuencia que la publicidad infractora, cuyo gasto deberá pagar el infractor.

En ambos casos la resolución deberá estar precedida del procedimiento previsto en el artículo 50 de la presente ley para la defensa del anunciante.

Artículo 52.- Declárase que las normas relativas a las relaciones de consumo publicadas en el Diario Oficial Nº 25.368, de fecha 30 de setiembre de 1999 y titulada como “Ley Nº 17.189“, carece de toda validez jurídica y debe reputarse inexistente.

    Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 25 de julio de 2000.

LUIS HIERRO LOPEZ,
Presidente.
Mario Farachio,
Secretario.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA

Montevideo, 11 de agosto de 2000.

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional de Leyes y Decretos.

BATLLE.
ALBERTO BENSION.
SERGIO ABREU.

19 febrero, 2011

Año 1989 – Hacia el primer código de Etica Médica del Uruguay

por Contador Público (Uruguay) Darío Aurelio Abilleira Alvarez

Este artículo está publicado en:

http://www.rmu.org.uy/revista/1989v1/art1.pdf

y es del: Dr. Omar França ( Sacerdote Jesuita – Universidad Católica del Uruguay )1989 Hacia el primer código de Etica Médica del Uruguay

6 febrero, 2011

13/01/2011 – “La colegiación obligatoria es imprescindible para acabar con las irregularidades en la profesión” – España

por Contador Público (Uruguay) Darío Aurelio Abilleira Alvarez

http://www.seme.org/area_seme/actualidad_articulo.php?id=2428

“La colegiación obligatoria es imprescindible para acabar con las irregularidades en la profesión”

JANO.es

La colegiación obligatoria, la actualización del Código de Ética y Deontología Médica, la nueva Ley Antitabaco o la futura ley de Muerte Digna fueron algunas de las cuestiones abordadas por el presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín, en un encuentro con los medios de comunicación, en el que también participaron el secretario general de la OMC, doctor Serafín Romero, y el vicesecretario, doctor Jerónimo Fernández.

Respecto a las irregularidades sobre las titulaciones médicas de las que se han hecho eco recientemente algunos medios, Rodríguez Sendín señaló que “sabíamos que existía esta posibilidad desde hace tiempo, ya que se ha demostrado que los títulos no sólo pueden falsificarse sino comprarse como originales. Para acabar con este tipo de irregularidades en la profesión es imprescindible la colegiación obligatoria”.

Ante esta situación, la OMC propone adoptar nuevas fórmulas, como la creación de un sistema voluntario de colegiación personal que se aplique tanto a médicos comunitarios como a extracomunitarios. “No se trata de negarle a nadie la capacidad para colegiarse, sino de proporcionar, además, una acreditación que acompañe a esa colegiación a través de la que pueda verificarse, por ejemplo, que un profesional ha estudiado en determinada universidad o que domina el idioma en el que va a tratar a sus pacientes”.

Otro de los aspectos abordados en el encuentro ha sido la futura Ley de Muerte Digna. “Nosotros consideramos que sería más adecuado que su denominación fuera la de ‘Ley para la mejora integral de la prestación de cuidados paliativos en España’. La semana próxima presentaremos al ministerio las propuestas que hemos elaborado con el objetivo de que esta normativa garantice cumplimientos mínimos en todas las autonomías en las que se aplique ya que, actualmente, se puede decir que no se muere igual en una comunidad que en otra”. En esta línea, los representantes de la OMC van a proponer también el desarrollo adecuado de la ley de voluntades anticipadas, y solicitarán que se garanticen los cuidados paliativos tanto a los pacientes pediátricos como a los no oncológicos.

…///

29 enero, 2011

Código de Ética para la Abogacía Uruguaya

por Contador Público (Uruguay) Darío Aurelio Abilleira Alvarez

Ver archivo Word ( .docx ): Código de Ética para la Abogacía Uruguaya

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